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El Legislativo aprueba la privatización de la empresa de saneamiento de Río de Janeiro
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) aprobó hoy por amplia mayoría la polémica propuesta del Gobierno regional para privatizar la Compañía Regional de Agua y Alcantarillado (Cedae), empresa pública de saneamiento que atiende el tercer estado más poblado de Brasil.
El organismo legislativo autorizó, por 41 votos a favor y 28 en contra, vender el control de la Cedae como contrapartida por diferentes créditos que el Gobierno federal de Brasil le ha otorgado a la gobernación de Río de Janeiro, que se declaró en julio pasado en estado de "calamidad financiera" por su incapacidad de pagar las deudas.
La venta del control de la compañía fue aprobada en medio de protestas de funcionarios públicos frente a la sede del palacio legislativo y de la propia Cedae, en donde los empleados anunciaron una huelga a partir de la madrugada de este martes.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, que cuenta con apoyo mayoritario en el Legislativo regional, consiguió que sus aliados enterraran 211 enmiendas contra la privatización de la Cedae que habían sido presentadas por la oposición.
Pese a las protestas de los partidos de la oposición, de los empleados de la Cedae y de los sindicatos de funcionarios públicos, los diputados oficialistas alegaron que la privatización es necesaria para que la gobernación consiga sanear sus cuentas y pagar los salarios.
Río de Janeiro se declaró en bancarrota en julio pasado, poco antes de los Juegos Olímpicos que albergó en 2016, y desde entonces ha necesitado de préstamos y ayudas del gobierno federal de Brasil para pagar sus deudas y los salarios de los empleados públicos.
La privatización de la Cedae fue una de las garantías que la gobernación de Río de Janeiro ofreció en un acuerdo de recuperación fiscal que suscribió con el Gobierno federal y que prevé la recepción de nuevos créditos y la renegociación de la pesada deuda pública.
La oposición anunció que intentará revertir la privatización en sesiones legislativas previstas para esta semana en tanto que el Sindicato de los Trabajadores de Saneamiento Básico de Río de Janeiro lo hará con una paralización.
Los sindicalistas aclararon, sin embargo, que pese a que reducirán sus actividades mantendrán el servicio básico de suministro de agua para no afectar a la población.
Desde que el proyecto de privatización fue propuesto por el Gobierno regional, la sede de la Asamblea Legislativa ha sido blanco de protestas casi diarias de los empleados públicos.
La semana pasada el Gobierno regional solicitó el refuerzo de 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas para patrullar las calles ante la posibilidad de que los policías se declaren en huelga y la necesidad de sustituir a los agentes que han sido enviados a cuidar la sede legislativa de violentas protestas.
