España: Gobierno propone a primera mujer fiscal general

El gobierno español propuso este viernes por primera vez a una mujer como fiscal general del Estado, en sustitución de Eduardo Torres-Dulce, quien dimitió el jueves, sometido a grandes presiones.

"El gobierno ha propuesto como candidata al Consejo General del Poder Judicial a doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda", informó la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, la rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros.

El nombramiento de la nueva fiscal deberá ser refrendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, y por el Parlamento. Una vez que estos dos organismos den su autorización, el gobierno procederá al nombramiento definitivo de la nueva fiscal.

Madrigal, quien hasta ahora era fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la mayor categoría dentro de la carrera fiscal, es una jurista de reconocido prestigio que ejerce de fiscal desde hace más de 34 años.

La primera mujer fiscal general sustituirá en el cargo a Torres-Dulce, que dimitió el jueves, un año antes del plazo para el final de su mandato "por razones personales".

El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó el jueves que la dimisión de Torres-Dulce "en absoluto" se debió a presiones del ejecutivo.

No obstante, según fuentes de su entorno, Torres-Dulce habría decidido dimitir hastiado de sus desencuentros con el gobierno, que curiosamente, fue quien lo nombró hace tres años.

Desde su llegada al puesto, Torres-Dulce intentó reforzar la independencia de la institución y ante el Congreso aseguró: "no he tolerado nunca que el Gobierno me indique lo que tengo que hacer, y no lo tolero porque pura y simplemente eso es un delito".

El ya exfiscal general tuvo un primer encontronazo con el ejecutivo cuando defendió a sus fiscales, favorables a enviar a prisión a Luis Bárcenas, extesorero del gobernante PP, imputado en el marco de una investigación por corrupción que afecta al partido en el gobierno.

Pero la gota que colmó el vaso, según su entorno, fueron las presiones para actuar contra la votación independentista de Cataluña, considerada anticonstitucional por el gobierno.

Al parecer, había urgido al gobierno de Mariano Rajoy a actuar antes de que se celebrara la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre, pero el ejecutivo se habría negado para cambiar de opinión después de la misma.

En los días siguientes a la consulta, varios responsables del Partido Popular presionaron públicamente al fiscal para presentar una querella contra el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, que impulsó el escrutinio.

Torres-Dulce replicó que se tomarían el tiempo necesario para estudiar el caso, que fue delegado en el fiscal superior de Cataluña, competente territorialmente.

Pero este asunto, particularmente sensible en plena crisis entre Barcelona y Madrid, dividió también al ministerio público.

A mediados de noviembre los fiscales de Cataluña consideraron inadecuado tomar acciones legales por lo que Torres-Dulce, tras consultarlo con un órgano asesor de la fiscalía, tuvo que imponer su jerarquía para querellarse contra Mas y dos miembros de su gobierno el 21 de noviembre.