Imputada hermana del Rey de España por delito fiscal

La Audiencia Provincial de Palma confirmó el viernes la imputación a la hermana del rey de España por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que archivó otra por blanqueo de capitales dentro del caso Nóos, uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel en España.

La decisión no aclara si la infanta se sentará finalmente en el banquillo de los acusados cuando se abra el juicio oral, al existir jurisprudencia al respecto que ha evitado que otros imputados por delitos fiscales sean juzgados.

Los tres magistrados de la Audiencia balear, que comunicaron su deliberación sobre los 14 recursos presentados contra el auto de fin de instrucción del juez José Castro presentado en junio, consideraron probado que la infanta sabía que Aizoon, una sociedad "pantalla" creada con su marido, no tenía estructura ni personal suficiente para llevar a cabo sus actividades.

"(A Cristina de Borbón) debería representársele como posible o probable que desde el momento en que Aizoon era una sociedad pantalla o ficticia, carente de vida y estructura propia, su marido estaba actuando de modo irregular con el fisco", sostuvo el auto en una decisión unánime de los tres magistrados.

"En cambio, formamos convicción de que no resulta factible atribuir a la Infanta Cristina la presunta comisión en un delito de blanqueo de capitales", agregó.

La imputación se refiere a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008.

La Audiencia decidió además añadir la imputación por blanqueo a los diez delitos por los que sería juzgado el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y estafa.

Tras una extensa investigación que duró cuatro años, el juez concluyó que existían "sobrados indicios" de que Cristina, de 49 años, dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que poseía al 50 por ciento con su marido.

Urdangarin y su exsocio Diego Torres están imputados por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que el exjugador de balonmano presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos.

Castro catalogó a Aizoon como una sociedad creada con el propósito deliberado de servir de cauce para el reparto de los beneficios que el instituto Nóos obtenía principalmente de las arcas públicas de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

DECISIÓN "SORPRENDENTE"

El abogado de la infanta, Miquel Roca, declaró que no consideraba "muy acertada" la decisión de la Audiencia.

"No compartimos, entre otras razones, porque puede resultar sorprendente que la Agencia Tributaria manifiesta reiteradamente que no ha existido ninguna participación delictiva, y la tesis del Ministerio Fiscal de que se aprecie esta actitud de cooperación y omisión resulta para nosotros sorprendente", dijo el letrado en declaraciones a periodistas.

A la pregunta de si la infanta irá finalmente a juicio, Roca respondió: "Es mucho decir".

La posibilidad de que Cristina de Borbón sea enjuiciada queda en el aire al existir la posibilidad de que se le aplique la llamada "doctrina Botín", una jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo que ha evitado juicios por delito fiscal cuando la imputación sólo estuviera apoyada por la acusación popular, y no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que en último término son los perjudicados por los delitos contra la Hacienda Pública.

En el caso de la infanta, la única acusación es la popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, por lo que la última palabra la tendrá el juez.

En su decisión del viernes, la Audiencia Provincial incluyó también como imputado en el caso al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, y sumó la imputación por blanqueo de capitales a Torres y su mujer, Ana Tejeiro.

A partir de ahora, las acusaciones tienen un plazo de 10 días para presentar sus escritos, en los que deben indicar a quiénes acusan, por qué delitos y qué penas solicitan, pero siempre determinados por la decisión de la Audiencia Provincial. Posteriormente, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral, aunque no hay plazos definidos para esto.

Urdangarin siempre ha desvinculado a su esposa de la gestión de Nóos, afirmando que no participaba en la toma de decisiones, a pesar de que era vocal en la junta directiva de la institución.

MEDIDAS DE REGENERACIÓN

La investigación a Cristina y a su marido ha perjudicado notablemente la imagen de la Corona y desde algunos sectores se atribuyó como una de las causas de la abdicación de Juan Carlos I en junio pasado.

La Casa Real ha tratado de distanciarse de la pareja, que no interviene en actos públicos desde octubre de 2011, pero el goteo de las revelaciones en la instrucción judicial y un accidente sufrido por Juan Carlos I en una cacería en Botsuana en 2012 - tras el cual fue operado en varias ocasiones de ambas caderas - siguieron perjudicando la imagen de la institución, que se desplomó a su nivel más bajo de la historia.

Desde que asumió el trono en junio, Felipe VI ha puesto en marcha medidas de regeneración de la Corona, como la prohibición a los miembros de la Familia Real de trabajar en el sector privado o la eliminación de los gastos de representación a los que tenían derecho sus hermanas mayores, Elena y Cristina.

Además, entre los cambios que se espera que estén aprobados antes de final de año, se reduce la consideración como miembros de la Familia Real a los monarcas Felipe y Letizia, a sus dos hijas y a los padres del rey, Juan Carlos y Sofía.

El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales.

La infanta Cristina, en un intento por alejar a su familia de la presión de los medios, se trasladó con sus cuatro hijos a Ginebra, donde trabaja para la Fundación La Caixa.