Aplican restricciones a exprimera dama de Perú por escándalo Odebrecht

La exprimera dama de Perú y funcionaria de la FAO, Nadine Heredia, podrá salir del país pero tendrá que volver cada mes ya que es investigada por supuesto lavado de activos para la campaña electoral de su marido, el expresidente Ollanta Humala.

Según lo informado este miércoles, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial reconoció el derecho al trabajo de Heredia y rechazó un pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. El dictamen incluye algunas medidas restrictivas como tener que retornar a Lima cada 30 días.

Heredia estaba inmovilizada en la capital peruana desde la primera semana de diciembre, forzada por un apercibimiento judicial que la conminó a volver desde Ginebra (Suiza). Allí había viajado el 22 de noviembre tras ser nombrada directora de la Oficina de Enlace de la FAO ante la ONU.

El dictamen judicial rechazó el pedido de Heredia para que cambie una orden de arraigo en Lima por una que traslade ese control al consulado peruano en Ginebra. El arraigo obliga a Heredia a acudir cada 30 días a un juzgado en Lima para un control biométrico (huella digital).

El nombramiento de Heredia provocó un inédito pleito entre la FAO y el gobierno peruano, que protestó por la decisión del director general de esa organización, el brasileño José Graziano da Silva, de designarla a sabiendas de que ella es parte de una investigación que involucra a empresas brasileñas envueltas en el caso 'Lava Jato' en Brasil.

Según la FAO, la exprimera dama solicitó a inicios de diciembre "una licencia sin goce de haberes para atender temas personales incluida la investigación en curso".

Heredia enfrenta, junto con su esposo, un proceso por presunto lavado de activos que ascienden a 1,5 millones de dólares supuestamente enviados desde Brasil y Venezuela, no declarados, y donados para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Ambos niegan los cargos.

La tesis de la fiscalía peruana es que el dinero ilegal de Venezuela habría provenido del tesoro público de ese país durante el gobierno de Hugo Chávez, en tanto que en el caso de Brasil su origen estaría en las empresas Odebrecht y OAS.

Perú toma medidas contra empresas corruptas

El gobierno peruano, al amparo de facultades otorgadas por el Congreso para legislar, decretó normas de lucha contra la corrupción, entre ellas la inhabilitación perpetua, llamada "Muerte Civil", para que las empresas implicadas en corrupción no ganen contratos con el Estado.

"No habrá más corruptos trabajando para el Estado. Ya se puede establecer la inhabilitación perpetua o Muerte Civil. Será requisito para trabajar con el Estado y causal de destitución haber sido sentenciado por delito de corrupción o admitido como el caso de Odebrecht", dijo la ministra de Justicia, María Pérez Tello, en rueda de prensa de los ministros, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

La constructora brasileña Odebrecht no volverá a contratar obras con el Estado peruano por haber incurrido en actos de corrupción, dijo Zavala. "Ya no vamos a contratar nuevos proyectos con empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido participación en estos actos", precisó.

La empresa brasileña admitió, hace unas semanas, haber pagado sobornos en nueve países latinoamericanos, entre ellos Perú, por "centenas de millones de dólares" para obtener contratos, según documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, la empresa alcanzó un acuerdo con la Fiscalía peruana para un acuerdo preliminar comprometiéndose a suministrar información y a devolver 8,8 millones de dólares como un adelanto de las ganancias ilícitas que obtuvo en el país.

"Esperamos que con las medidas tengamos cerrojo para los corruptos", señaló.

Otra medida es protección para el denunciante de actos de corrupción en el Estado, a fin de fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de un hecho de corrupción pueda denunciarlo.

El Ejecutivo culminó la semana pasada la emisión de 112 decretos, al amparo de las facultades que le dio el Congreso, en temas de lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, reactivación económica, saneamiento y simplificación de trámites.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo que en el paquete hay 33 normas para luchar contra la inseguridad ciudadano, uno de los principales problemas de los peruanos.

Destacó tres: "la pena de cárcel efectiva para quien ilegalmente porte una arma, cárcel efectiva para los ciudadanos y policías involucrados en coimas, y la inhabilitación de celulares robados o perdidos, a fin de disminuir el robo de esos aparatos".

Este jueves Zavala acudirá junto con los ministros al Congreso para exponer y sustentar las normas. El Parlamento puede aprobarlas, cambiarlas o rechazarlas, según la Constitución.