Vicepresidente argentino se presenta ante el juez

Rodeado de una gran expectación, el vicepresidente argentino Amado Boudou se presentó este lunes ante un juez para ser indagado como sospechoso de haber adquirido de forma irregular una imprenta de billetes para beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.

Boudou declarará ante el juez federal Ariel Lijo, que investiga las maniobras ilícitas que presuntamente cometió el ahora vicepresidente junto con dos socios cuando era ministro de Economía para rescatar y adquirir en 2010 a la quebrada Ciccone Calcográfica, la única capaz de imprimir papel moneda. El funcionario está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

"Voy a contar la verdad, voy a recibir todas las preguntas y las voy a evacuar", afirmó Boudou a los numerosos periodistas que lo esperaban a la puerta del edificio donde reside, antes de poner rumbo al juzgado en un automóvil.

"Fuerza, Amado ¡creemos en vos!", señalan las pancartas que instaló una agrupación del peronismo oficialista en distintos puntos de esta capital. Más de 200 militantes del kirchnerismo, el movimiento fundado por el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda y sucesora Cristina Fernández, esperaron al vicepresidente en los tribunales con grandes banderas y tocando bombos para manifestarle su apoyo.

Flanqueado por sus custodios y abogados, Boudou dio a la mano a algunos militantes y tiró besos desde la escalinata de entrada al edificio de los tribunales federales. En el tercer piso lo esperaba el juez Lijo.

No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones.

Previamente, Boudou informó oficialmente a Lijo que grabará la audiencia. "Le adelanto que se procederá a grabar en audio y video la declaración con un sistema similar al que todas las Cámaras de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción", sostiene el escrito presentado por el abogado Diego Pirota, defensor de Boudou.

El vicepresidente afirmó días atrás que quiere dar publicidad al encuentro con el juez porque no confía en él y porque éste supuestamente filtró información en su contra a la prensa. El magistrado señaló, por su parte, que no se puede difundir la indagatoria al indicar que el sumario es público para las partes pero secreto para los extraños.

El escrito explicó que con el registro en audio y video de la indagatoria Boudou preserva un acto de defensa. Pirota señaló que para evitar objeciones sobre la presencia de más personas que las autorizadas en la citación, "el equipamiento será programado para comenzar la grabación de forma automática y no requerirá de operadores".

El vicepresidente ratificó a primera hora del día su deseo de que el encuentro con el magistrado no sólo sea grabado, sino que además se haga público.

Una vez finalizada la citación, el magistrado cuenta con un plazo de 10 días para decidir si procesa a Boudou por considerar que incurrió en un delito, si lo sobresee por considerar que no lo hizo o le dicta la falta de mérito al entender que no hay pruebas suficientes para inculparlo o sobreseerlo, lo que implica que seguirá bajo investigación.

El delito imputado al funcionario está castigado con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Como la pena mínima es de un año, el juez no puede ordenar su detención preventiva en caso de procesarlo.

El vicepresidente afirma que las acusaciones en su contra obedecen a una maniobra de grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín y La Nación, críticos con el gobierno y a los que acusa de controlar a magistrados federales.

Fernández no se ha referido públicamente a la situación de quien eligió como segundo en la línea sucesoria.