Guatemala enfrenta la justicia interamericana por adopciones internacionales

El Estado guatemalteco se sentó hoy en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la entrega irregular en adopción a familias estadounidenses de dos menores en 1998, un caso que se enmarca en la operación de una red que entregó en esas condiciones a miles niños.

Ese fue el caso de Osmín Tobar Ramírez y su hermano J.R., quienes fueron separados de su madre en 1997, cuando apenas tenían 7 y 2 años, respectivamente.

Las autoridades guatemaltecas los declararon en abandono y luego fueron dados en adopción a parejas estadounidenses distintas, en un proceso en el que se habrían omitido diligencias probatorias mínimas.

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Silvia Serrano, explicó en la audiencia ante la CorteIDH que este es el primer caso que llega al tribunal sobre "el grave contexto de adopciones irregulares en Guatemala".

"El contexto estuvo favorecido por un marco normativo permisivo (...), que sumado a los altos índices de pobreza, dio lugar a que la adopción internacional se convirtiera en un negocio lucrativo tolerado por el Estado con la participación activa y determinante de sus autoridades en distintos niveles, incluyendo notarios, la Procuraduría General y las autoridades judiciales", afirmó Serrano.

La demanda de la CIDH indica que el Estado, entre otros, no dio ningún apoyo a la madre, y se autorizó a un hogar privado a hacer los estudios de la familia pese a "su claro interés de ingresarlos en el programa de adopción que auspiciaba".

"Una vez que se declaró el estado de abandono se inició el trámite extrajudicial de adopción internacional ante un notario público, a pesar de que la señora Flor Ramírez (madre de los niños) había interpuesto un recurso, que después de la adopción, fue declarado con lugar", expuso Serrano.

La demanda pide condenar al Estado por violaciones a la integridad personal, la identidad, el nombre, la libertad personal, a la protección de la familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En la audiencia ante la CorteIDH, con sede en Costa Rica, los jueces escucharon el testimonio de Osmín Tobar Ramírez, cuyo nombre oficial después de la adopción es Ricardo Borz, de nacionalidad estadounidense y de 27 años de edad en la actualidad.

"Debemos tomar acciones para que nuestra sociedad y nuestro país no cometa esto de nuevo. Guatemala debe aceptar su responsabilidad y avanzar. Quiero mi nombre de nacimiento de vuelta porque es quien soy", dijo Tobar ante los jueces de la CorteIDH en inglés, pues nunca pudo desarrollar su español en Estados Unidos.

Tobar vive desde 2015 en Guatemala, afirma amar y respetar a sus padres adoptivos, a quienes considera también víctimas de la situación, y aseguró que no le importaría perder la ciudadanía estadounidense si eso le permitiera recuperar legalmente su nombre de nacimiento.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas en este caso, citó datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala (PGN) y recopilados en un informe de la Fundación Myrna Mack, que señalan que entre 1996 y 2006 al menos 27.871 menores fueron dados en adopción internacional en Guatemala.

Según Cejil, la red que dio en adopción a miles de menores de forma irregular está en la impunidad y se desconoce el paradero de la mayoría de los niños.

El Estado guatemalteco ya había aceptado su responsabilidad durante el proceso ante la CIDH, pero según la comisión ese reconocimiento es muy limitado, pues no acepta en su totalidad el contexto en que ocurrieron los hechos.

La Corte dará un fallo sobre este caso en los próximos meses.