Otro político español vinculado a Mossack Fonseca y 'The Panama Papers'

Rodrigo Rato, quien fue exvicepresidente de Gobierno y ex gerente del Fondo Monetario Internacional en España, también se ha visto salpicado por el escándalo de "The Panama Papers" al comprobarse que presuntamente tenía dos sociedades en Panamá que utilizó para depositar sumas millonarias de dinero.

Según informó hoy el diario El Confidencial de España, la información contenida en la investigación denominada "The Panamá Papers" liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que Rato recurrió a la firma de abogados panameña MOssack Fonseca para disolver dos sociedades en Panamá Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises.

El funcionario español solicitó a Mossack Fonseca en el año 2013 que localizara a los directivos de ambas sociedades y procediera a disolverlas antes de que la Agencia Tributaria de España descubriese el origen de su dinero y pusiese en marcha un procedimiento en abril de 2015 que ahora tiene a Rato en los tribunales de justicia.

La acción de Rato, de acuerdo a la publicación de El Confidencial, se hizo luego que vació las cuentas de ambas sociedades que sumaban 3.6 millones de euros.

Entre el año 2012 y 2014, Rato transfirió los 3.6 millones de euros a sus propias cuentas y a Vivaway Limited, otra empresa instrumental con sede en Reino Unido.

Rato liquidó las sociedades con la intención que no fuesen localizadas.

No obstante, la estrategia no surtió efecto porque el Juzgado número 31 de Plaza Castilla, que instruye un procedimiento contra Rato por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, delito contra la Hacienda Pública y administración desleal, investiga en estos momentos a Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises así como el origen del dinero que escondieron.

El bufete de Gibraltar Finsbury Trust & Corporate Services Limited, que gestionaba las empresas de Rato, contactó a la firma de abogados Mossack Fonseca para que ubicase a los directivos de las sociedades y procediese a disolverlas.

Mossack Fonseca contestó el 18 de marzo de 2013 que Raquel González, Evelyn Moreno y René Córdoba eran supuestos responsables de la empresa Red Rose Financial Enterprises. Esta sociedad comenzó a funcionar en 2005, fue abierta por el bufete Berrocal y el 12 de julio de ese mismo año fue disuelta.

Luego Mossack Fonseca respondió el 22 de octubre de 2013 que los supuestos directivos de Westcastle Corporation eran Julio Antonio Quijano Urriola, Daphne Selenis Quijano Berbey y Julio Antonio Quijano Berbey, todos ellos empleados del bufete Quijano & Asociados. La sociedad fue abierta el 23 de diciembre de 1993 y se disolvió el 23 de diciembre de 2014.

Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial revelan que Westcastle Corporation se abrió a principios de 1993, tres años antes de que José María Aznar nombrase a Rato como ministro de Economía y Hacienda, y que estuvo operativa durante todo su paso por el Ejecutivo, su mandato en el FMI y su etapa en Bankia.

Exfuncionario se defiende

Rodrigo Rato acusa al Ministerio de Hacienda español de iniciar una "caza de brujas", por acusarle de supuestos delitos fiscales que "pudieron y debieron" ser comprobados antes de ser denunciados, y que ahora él trata de desmontar con un informe presentado al juez.

En un escrito remitido al titular del juzgado español que investiga el origen de su fortuna, Rato pide la nulidad de todas las actuaciones efectuadas hasta el momento y critica que la Oficina Antifraude española (ONIF) le atribuyera un delito de ocultación de bienes para eludir las fianzas de otros dos casos que tiene pendientes.

Este delito, que apenas seis días después se demostró que no había cometido, sirvió sin embargo de argumento para su detención y el registro de su domicilio en abril de 2015, lo que, en su opinión, vulneró sus derechos constitucionales.

Rato tiene pendiente con la justicia española el caso de la salida a bolsa del banco Bankia (parcialmente nacionalizada), en el que está acusado de estafa y falsificación contable, y una investigación por el escándalo de tarjetas opacas emitidas por esa entidad para sus directivos.

En el momento en el que Hacienda acusó a Rato de ocultación de bienes para eludir ambas fianzas, la propia Bankia ya había depositado una fianza solidaria de 18 millones de euros (20 millones de dólares) por el primer caso, y para el segundo Rato presentó un aval bancario por importe de 3 millones de euros (3,3 millones de dólares), según el escritor presentado por el acusado.

Para constatar estos "evidentes errores", que Hacienda y el fiscal podrían haber evitado con un mínimo de "diligencia debida", el ex director gerente del FMI pide al juez que cite a declarar a un exinspector de Hacienda, que supuestamente aportó una prueba exculpatoria con la que Rato trata de desmontar el resto de delitos atribuidos "torticeramente".

En el documento inicial de la ONIF -todavía pendiente de ratificar-, Hacienda amplió su acusación porque, con la documentación obtenida en el registro, detectó varios delitos de fraude fiscal realizados a través de una sociedad opaca epicentro de su red, y movimientos invisibles de divisas no declarados por valor de varios millones de euros.

Rato, exministro y exvicepresidente de Gobierno español (1996-2004), defiende que se trata de transferencias "debidamente contabilizadas", y que todas son "conocidas por la Agencia Tributaria y declaradas", y por lo tanto, "no hay ganancia de patrimonio no justificada".

Por todo ello, Rato pide al juez la nulidad de todas las actuaciones efectuadas hasta el momento y con ello el archivo de un caso que parte de una denuncia "temprana" y "falsa" de la Fiscalía española "carente de fundamento" que, a su juicio, derivó en una "causa general" contra su persona.

Con información de El Confidencial y EFE.