Abad insta a una amplia consulta por prohibición de armas en Colón

El exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, reaccionó a la suspensión del uso de armas en 16 calles de la ciudad de Colón y aseguró que los delincuentes no se arman mediante la vía legal, sino que proveen su armamento de forma clandestina.

Abad dijo que comprende la preocupación sana de quienes dirigen las instituciones de seguridad y del presidente Juan Carlos Varela, de hacer algo por el tema de la seguridad, sin embargo; les recomienda que analicen bien y vean con lupa el decreto que están proyectando para reglamentar la Ley 57, sobre el uso de armas, que data desde el año 2011.

Recomendó abrir el tema relacionado al control de uso de armas, a una discusión con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y que se invite al sector de los importadores y vendedores de armas de fuego, expertos locales, internacionales para tomar como ejemplo sus experiencias.

Expresó que la ciudadanía entiende, que en un país con problemas de violencia, las autoridades tomen medidas.

Por otra parte, dijo que las autoridades de los distintos estamentos de seguridad han dividido el país en zonas de alto riesgo y han comenzado con Colón, por la incidencia de los índices de violencia en el área, además de que en esa zona se planifica la comisión de delitos que aunque no se comenten en la provincia, sí repercuten en otros sectores del país.

Según el exfuncionario, lo anterior no es tan positivo porque afecta a la mayoría de personas que a pesar de ser muy humildes y pobres, son personas decentes y correctas, que se ven involucradas en la lucha de territorios entre las pandillas.

Detalló que las estadísticas demuestran que el 98% de los hechos violentos, entre ellos homicidios o robos a mano armada, son cometidos con armas que provienen del mercado negro y así constan en los registros que se tienen en el Ministerio Público.

En cuanto al caso de la pérdida de al menos 30 armas de fuego en el Servicio de Protección Institucional (SPI), recalcó que cada vez que se da un caso de pérdida de armamento, hay que tener la certeza de que llegarán al mercado negro.

Lo que es grave es el hecho de que hayan sido 30 armas, pues la cantidad implica la necesidad de una planificación para sustraerlas y dijo confiar en el SPI y en el Ministerio Público (MP), sobre las investigaciones que se realizan.