Armas de fuego legales lideran delitos en Panamá

Un alto porcentaje de delitos registrados en la República de Panamá desde 2011 a octubre de 2014, fueron cometidos con armas de fuego de procedencia legal, según un informe divulgado este martes 11 de noviembre por fuentes oficiales.

Así lo informó el director institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad Pública (DIASP), Luis Zegarro, luego que el titular de esta cartera, Rodolfo Aguilera, firmara la Resolución N°167 de 31 octubre de 2014, que extiende temporalmente por seis meses más la importación de armas de fuego en el territorio nacional, acción que fue implementada por el gobierno anterior.

La decisión adoptada por el ministro Aguilera se fundamenta en la Ley 15 del 14 de abril 2010, que creó el Ministerio de Seguridad Pública y lo faculta para coordinar y reglamentar todo lo relacionado con las empresas de seguridad privada, empresas armeras y de explosivos en el país, expresó Zegarro.

En la resolución se establece que los oficios remitidos por fiscales del Ministerio Público y jueces del Órgano Judicial a la DIASP, sobre el uso de armas de fuego en hechos punibles, demuestran que en 2011 ocurrieron 716 casos; 598 en 2012; 481 en 2011 y 250 hasta octubre de 2014¸ lo que refleja una disminución de estos delitos a partir de la suspensión de la importación de armas de fuego.

También contempla que las armas de fuego utilizadas en la comisión de diversos delitos quedó demostrado, que el 65% fueron de procedencia legal en 2011; 78% en 2012; 60% en 2013 y 60 % hasta octubre de 2014, mientras que el 90 % usadas en estos delitos eran armas cortas (revólveres y pistolas).

Informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), revelan que los delitos con armas de fuego registrados en Panamá ascendieron a 9 mil 109 en 2011; 8 mil 837 en 2012; 7 mil 654 en 2013, lo cual refleja una tendencia a bajar los índices de criminalidad, que podría atribuirse a la prohibición de importación de armas de fuego.

Es responsabilidad del Gobierno Nacional adoptar las medidas que sean necesarias, para garantizar la seguridad pública que redunde en beneficio de los ciudadanos en el territorio nacional, concluyó Zegarro.