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CNA pedirá la renuncia del magistrado Cigarruista
La reciente designación de Alberto Cigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sigue despertando críticas y poniendo en la mira del escarnio público la posible injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial.
Este domingo 11 de enero de 2015, en el programa Radar, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, manifestó que el gremio revivirá “el pronunciamiento que divulgaron el 13 de octubre de 2003 cuando pidieron la renuncia de Alberto Cigarruista como magistrado de la CSJ”.
Para ese entonces, la llegada de Cigarruista a la CSJ estuvo rodeada de cuestionamientos en medio del escándalo por la aprobación del proyecto de Ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).
La perredista Balbina Herrera quien era legisladora, denunció ante el pleno legislativo que su colega Carlos Tito Afú había recibido $1.5 millón por la ratificación del panameñista Alberto Cigarruista y de Winston Spadafora en la CSJ.
El vicepresidente del CNA consideró que “este antecedente se mantiene vigente”, y por lo tanto el regreso de Cigarruista a la CSJ, se ha insertado “otro elemento que distorsiona la maltrecha justicia en nuestro país”.
En consecuencia, el abogado insistió en la necesidad de profundizar en la metodología que utilizó la CSJ para escoger el perfil de Cigarruista de una amplia lista de 53 candidatos entrevistados.
Para Magaly Castillo, directora de Alianza Ciudadana Pro Justicia, el nombramiento de Cigarruista, constituye a primera vista, el mismo mal mensaje que se ha enquistado históricamente en el Palacio Gil Ponce.
"En el Órgano Judicial no impera el ascenso basado en méritos y ejecutorias, sino el nombramiento por amiguismo y la política, eso es grave”, recalcó.
Castillo recordó que, ante la ausencia de una ley de carrera judicial, los magistrados de la CSJ son los que están nombrando a los funciones del Sistema Penal Acusatorio en Coclé y Azuero “violando la Constitución, esto es lo más grave”, insistió.
Desde la perspectiva del exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, el problema no es la designación de Cigarruista, el dilema es que “no hay separación de los poderes del Estado y la falta de convicción que tienen algunos funcionarios que no están muy claros en su responsabilidad”.
UN NOMBRAMIENTO SIN CONSULTA
En el caso del nombramiento de Rigoberto González como procurador de la Administración, el excanciller Jorge Eduardo Ritter, cree que si bien, “no puede haber recriminación por la excelente hoja de vida que tiene, lo cuestionable es la forma en cómo se le nombró”.
“Este es un caso típico de cómo se puede manchar un buen nombramiento con un mal procedimiento”, explicó el experto.
El pasado 7 de enero el presidente de la República Juan Carlos Varela, nombró al abogado Rigoberto González como procurador de la Administración en reemplazo de Óscar Ceville.
Mariela Ledezma, del Movimiento Ciudadano Anticorrupción cree que en este nombramiento “faltó el componente de la participación ciudadana”.
Esmeralda de Troitiño, también hizo énfasis en la importancia de la consulta ciudadana porque los panameños “esperan que sean nombradas no solo personas con un buen perfil académico, sino también con idoneidad ética”.
