Conozca las etapas pendientes en el caso Moncada Luna

Dos etapas del proceso judicial que se le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, a quien se le investiga por supuestos delitos contra la administración pública, quedan pendientes y a través de estas se definiría su futuro.

Hoy el fiscal de la causa, Pedro Miguel González, anunció la culminación de la investigación contra Moncada Luna y dijo que durante la próxima semana presentará un escrito de acusación.

De acuerdo con elartículo 471 del Sistema Penal Acusatorio, la siguiente etapa de la investigación es la fase intermedia, en la cual González presentará ese documentoante las juezas de la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional, Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy.

Este escrito de acusación tendrá plasmados los delitos que se le imputan al acusado y la pena que se solicita para que pague por ellos, explicaron abogados consultados porTVN-2.COM.

En el caso de Moncada Luna son cuatro los cargos formulados: enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.

Posterior a este proceso, se abre un lapso de pruebas, que tiene un término de 20 días.

En este, la defensa de Moncada Luna y el fiscal deberán presentar testigos y documentos a favor, en contra a favor del imputado, dependiendo del caso.

Transcurrido este tiempo, según los juristas,la subcomisión de Garantías decidirá si los hechos recopilados tienen los méritos suficientes para trasladar el caso a la Comisión Juzgadora Permanente integrada por los siete diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Le corresponderá a los diputados que integran esacomisión decidir si se llama o no a juicio a Moncada Luna.

Si dictaminan la realización de un juicio, laComisión de Credenciales remite el caso al pleno de la Asamblea Nacional, cuyos diputados deben juzgar al imputado.

El artículo 475 del Sistema Penal Acusatorio establece que la votación de los diputados será secreta y deberá contar con las 2/3 partes de los diputados del pleno legislativo es decir, entre 46 y 47 votos.

En el juicio se condenaría al imputado con una pena de prisión e inhabilitación de funciones públicas.