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Caso Odebrecht deja ver que Panamá ‘tiene leyes tendientes a la impunidad’

El sistema judicial panameño está creado para fomentar la impunidad y las autoridades no están interesadas en corregirlo.

Así lo dejaron establecido expertos y analistas este domingo, en la más reciente emisión del programa Radar de TVN Noticias, que analiza por qué los panameños dudan sobre las investigaciones que sigue el Ministerio Público por el escándalo de Odebrecht.

Para el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, las confesiones de Odebrecht en Estados Unidos (de que pagó $59 millones en sobornos) no van a servir en Panamá si no se ratifican.

“Y eso es ridículo: el fondo debe prevalecer, pero se le da más valor a la forma con la excusa del debido proceso”, agregó González.

González criticó que, por ejemplo, sólo las auditorías de la Contraloría le den validez a los procesos judiciales de este tipo. Es decir, si la Fiscalía de Cuentas intenta recuperar los $59 millones en sobornos del caso Odebrecht no pueda hacerlo con la sola confesión.

A eso justo se refiere cuando dice que en Panamá hay normas “que son tendientes a la impunidad”.

El también abogado Ramón Ricardo Arias, respaldó esas aseveraciones. “Tenemos una adoración al procedimiento y nos olvidamos de la sustancia”, insistió.

Arias, también presidente del capítulo local de Transparencia Internacional, aseguró que en el resto de los países hay frustración entre los abogados por cómo las fiscalías avanzan en las investigaciones sobre la red de sobornos de Odebrecht.

El dirigente molirena Olimpo Sáez cuestionó que haya una especie de “complicidad” entre las autoridades, frente al tema. “Cuando en Panamá se quiere hacer algo, se hace”, agrega.

Annette Planells, dirigente del Movimiento de Independientes (Movin), respaldó esos argumentos. Para ella, son justificables los cuestionamientos al Ministerio Público y a la Contraloría, por las investigaciones y auditorías a Odebrecht.

“No es un tema de percepción. Es la expresión del fracaso del sistema. Es la función el gobierno: darle a cada cual lo que se merece. Si el gobierno no puede hacer nada, entonces para qué está el gobierno”, insistió.

El exfiscal Eduardo Guevara afirmó por su parte que a pesar de que los tiempos judiciales no son los de los medios, los jueces y fiscales deben saber que se mueven en el terreno de la opinión pública y deben aprender a vivir con las nuevas reglas. “Una investigación penal no es sencilla. Pero es una tarea que en el contexto que vivimos está sometida a un juicio paralelo en términos mediáticos”, agregó Guevara.

Sin embargo, Guevara reconoció que hubo un retraso en la “respuesta institucional” al escándalo. En 2015, cuando Marcelo Odebrecht, CEO de la compañía, fue detenido, el Gobierno daba el contrato a la firma para la construcción del proyecto habitacional de Colón.

El excanciller y analista Jorge Eduardo Ritter estableció, además, que “desde el día 1 del gobierno se tomó la decisión política de que para que se pudiera realizar las obras se iba a tapar todo lo que tuviera que taparse de Odebrecht” ya que se creó una falsa disyuntiva entre el bienestar económico nacional y la búsqueda de justicia.

“Van a llegar las prescripciones y no habrá justicia”, temió Annette Planells.

¿Y entonces? ¿Qué queda?

Olimpo Sáez dijo tener la respuesta: “la procuradora (Kenia Porcell) tiene que saber que no tiene futuro en el país si no cumple. Y (el contralor) Federico Humbert que se baje del caballo, porque no puede ser candidato un hombre que no es capaz de hacer auditorías como lo manda la ley”.

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