Rechazan posibilidad de una ley de amnistía

Rechazan posibilidad de una ley de amnistía
Redacción
23 de junio 2014 - 07:50

La posibilidad que se apruebe a último hora un proyecto de amnistía para beneficiar a funcionarios y candidatos oficialistas involucrados en actos de corrupción, es cuestionada por políticos de oposición y abogados.

El dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo rechazó hoy en Noticias AM la posibilidad que se apruebe un indulto o amnistía para oficialistas involucrados en impugnaciones por el uso de recursos del estatal Programa de Ayuda Nacional en proselitismo.

“No la veo”, dijo Cortizo refiriéndose a esa posibilidad, tras lo cual añadió que el presidente electo, Juan Carlos Varela es un hombre de carácter y recordó que el indulto tiene que pasar por la Asamblea.

Cortizo indicó que el nuevo director del Programa de Ayuda Nacional lo nombra el presidente.

“El presidente entrante tiene mucha fuerza. En política se aprieta por debajo y duro”, afirmó Cortizo ante la posibilidad que a última hora se aprueba una ley de amnistía.

Por su parte, el presidente encargado del Colegio de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, afirmó que de aprobarse una ley de amnistía para políticos vinculados a corrupción, la ciudadanía debería impugnarla como si fuera un acto inconstitucional.

Araúz dijo que una amnistía para actos de corrupción contraría la Constitución y las leyes vigentes.

El indulto es una gracia presidencial que otorga un perdón al cumplimiento de una pena en un proceso que se esté ventilando.

Amnistía responde a ese acto jurídico mediante una ley para buscar la reconciliación y la paz social.

Araúz comentó que Panamá como parte de una comunidad de naciones es signataria de diversos compromisos que no deben ser desconocidos, como la tutela judicial efectiva, de manera que toda persona que se sienta afectada pueda comparecer a las autoridades judiciales y esa acción le corresponde al Estado cumplir.

En cuanto a actos de corrupción, el abogado sugiere que el Estado debería garantizar que la prescripción de delitos sea tan larga que impida la impunidad.

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