Representante de Puerto Caimito justifica razón por la que mintió en caso de El Tachi

Una vez más la representante de Puerto Caimito en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, Deyanira D´Naterón, ha negado que Eustacio Guerra, conocido como "El Tachi" sea o haya sido su chofer, como parte del trabajo comunitario que se le impuso por parte de un juzgado.

Justificó su mentira diciendo que en el momento en que lo dijo se sentía fustigada, al igual que el reguesero, por parte de algunos integrantes de la prensa local.

Explicó que El Tachi paga su condena en ese corregimiento porque es el lugar donde viven sus padres y ahora él está viviendo con ellos.

Una vez se le hizo la solicitud por parte de los familiares del joven artista, ella inició los trámites correspondientes.

Tras lo sucedido, la abogada de El Tachi sostendrá una reunión con D´Naterón el próximo lunes 15 de mayo para aclarar los trabajos que puede hacer y los que no, aunque aclara que ella “sabe muy bien lo que es una condena de trabajo comunitario”.

Por otra parte, resalta que El Tachi, condenado por posesión de un arma de fuego sin permiso, es un ser humano que “cometió un error” y destaca que no tiene quejas porque está en disposición de hacer lo que se le pida.

Fustiga a periodista

D´Naterón no perdió la oportunidad para fustigar una vez más a un periodista de un medio impreso, que según ella, le exigía que El Tachi barriera y recogiera basura.

A juicio de la funcionaria, el reportero ha faltado el respeto de las personas que se dedican a esa labor y espera que al igual que ella y El Tachi, ofrezca sus disculpas.

La condena del reguesero fue flexibilizada tras una audiencia este jueves 11 de mayo, ahora el cantante de reggae, ejecutará sus labores comunitarias los días lunes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y los martes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La fiscal de la causa, Maruquel Castroverde, se mostró en contra de esta nueva orden.

La jueza de cumplimiento, Angelina Adames, favoreció al artista al modificar las condiciones para cumplir la sentencia impuesta por posesión de un arma de fuego sin sus respectivos permisos.