Fiscalía investiga a 18 personas por corrupción en el Segundo Tribunal

Luego de un año de haberse descubierto una supuesta red de funcionarios que cobraba coimas por otorgar libertades y manipular jurados de conciencia en el Segundo Tribunal, el caso sigue bajo investigación en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Fuentes judiciales revelaron que la fiscalía está pendiente de practicar algunas pruebas, antes de concluir la investigación.

Hasta el momento, hay 18 implicados, entre funcionarios del Órgano Judicial y particulares, acusados de la supuesta comisión de delito de corrupción de funcionarios públicos, los cuales están libres bajo fianzas de excarcelación y medidas cautelares de país por cárcel.

Entre los acusados hay notificadores, asistentes y conductores del Segundo Tribunal y de juzgados de circuito.

La denuncia de este caso fue presentada por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, el 15 de septiembre de 2015 ante la Fiscalía Auxiliar.

Incluso, el magistrado Ayú Prado le pidió al fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar que hiciese una operación de vigilancia y seguimiento y para ello le recomendó a un mayor de la Policía Nacional, que hizo el seguimiento en el proceso penal al diputado suplente de Colón Samuel Bennett.

En efecto, el fiscal Aguilar accedió a lo recomendado por Ayú Prado y se le dio seguimiento a los funcionarios, hasta que el 12 de noviembre de 2015, se detuvo a los funcionarios en sus puestos de trabajo en los juzgados y el Segundo Tribunal.

Aquel día, la fiscalía allanó la secretaría del Segundo Tribunal.

Se declaró confeso

Blas Macre, funcionario de la Oficina de Descongestión Judicial que tramitaba los expedientes del Segundo Tribunal, fue el único de los acusados que se declaró confeso de haber recibido coimas por gestionar libertades a través de medidas cautelares y fianzas de excarcelación.

Macre admitió que cobraba entre 4 mil a 5 mil dólares por gestionar las medidas cautelares y las fianzas de excarcelación, y por manipular los jurados de conciencia se pagaban entre 5 mil a 7 mil dólares.

Ese dinero era repartido entre los jurados, conductores, notificadores y asistentes que participaban del supuesto ilícito.

De igual forma, por dar fallos con sobreseimientos se pagaban hasta 4 mil dólares y por adelantar fechas de audiencias hasta 2 mil balboas, según la confesión de Macre.

El resto de los acusados, entre los que está el exfuncionario Eduardo García, los funcionarios Carmen Castro, Kira Puga, Ana Barsallo y otros, niegan haber cobrado coimas.

Pese a ello, la fiscalía fue autorizada por la Sala Penal de la CSJ para realizar intervenciones telefónicas en donde obtuvo información de llamadas y mensajes de texto de todos los involucrados, en donde se hablaba de todas las gestiones y dinero a cobrar por dar libertades, adelantar fechas de audiencia y sobornar a jurados de conciencia para que absolvieran a acusados de casos de homicidio.