El triángulo que llevó a políticos a ser electos y al banquillo

El triángulo que llevó a políticos a ser electos y al banquillo
Icard Reyes
24 de septiembre 2014 - 20:24

La triangulación de fondos públicosamparados por la Contraloría de la República, los cuales terminaron en los circuitos electorales de diputados que lograron la reelección,tiene ahora a estos políticos en las manos del Tribunal Electoral.

Y al parecer, una batalla legal se ha desatado por la forma como se operó desde diversas instituciones del Estado, a bien de llevar a cabo la llama"danza de millones".

Las cinco audiencias por impugnación que lleva a cabo el Tribunal Electoral, señalan prácticamente el mismo sistema: La triangulación de dineros del Ministerio de Economía a una Alcaldía en particular y luego a las juntas comunales, dentro del circuito en donde resultó electo el diputado.

Ana Matilde Gómez cuestiona: ¿Cómo surge toda esta triangulación de fondos, sin supervisión, y al margen de la ley, de presupuesto?

La Contralora, Gioconda de Bianchini, firmó el Decreto 394-2010-dmysc de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría, el cual aprueba el procedimiento para manejar fondos que no están contemplados en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Elia López de Tulipano, de la dirigencia del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, señala que para los conocedores de la materia, la Constitución y el Código Electoral son claros, y en la audiencia se está conociendo cmo se buscó un método supuestamente legal para un objetico ilegal.

El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, afirma que "millonarios fondos del Programa de Ayuda Nacional para proyectos, artículos y actividades sociales, gestión de millonarias obras en las comunidades a meses del torneo electoral, becas, dinero en efectivo y demás recursos, quedan al descubierto una vez ventiladas las audiencias".

Agrega que de los 24 procesos de impugnación que adelanta el Tribunal Electoral, 10 son contra diputado electos, en su mayoría miembros de Cambio Democrático, acusados del supuesto uso de recursos del estado para beneficiar sus campañas.

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