Soluciones a debate sobre anticonceptivos

Soluciones a debate sobre anticonceptivos
Soluciones a debate sobre anticonceptivos
Ap/washington
23 de agosto 2014 - 07:20

Con el fin de apagar una fuerte controversia política, el gobierno del presidente Barack Obama anunció nuevas medidas para permitir a entidades religiosas sin fines de lucro y algunas compañías no pagar métodos anticonceptivos a sus empleadas, a la vez que asegura que esas personas tengan acceso a métodos de control de la natalidad.

Pero incluso así es posible que las soluciones no satisfagan completamente a grupos religiosos que se oponen a cualquier medio que los haga cómplices de ofrecer cobertura para algo que consideran inmoral.

Con efecto inmediato el gobierno comenzará a permitir que entidades caritativas, universidades y hospitales con afiliación religiosa notifiquen al gobierno —y no a sus aseguradoras— que objetan el control de la natalidad sobre bases religiosas.

Una solución previa ofrecida por el gobierno permitía a esas entidades no pagar medios contraceptivos al enviar a sus aseguradoras un documento llamado Formulario 700, que traslada la responsabilidad de pagar por esos métodos del empleador a la aseguradora. Pero obispos católicos y otros demandantes religiosos alegaron que presentar ese formulario equivalía a firmar una autorización para participar en actividades malévolas.

En una decisión relacionada, el gobierno anunció planes para permitir a empresas sin fines de lucro, como Hobby Lobby Inc., comenzar a usar el Formulario 700. La Corte Suprema falló en junio que el gobierno no puede obligar a empresas como Hobby Lobby a pagar métodos anticonceptivos, lo que hizo que el gobierno se apresurara a encontrar una forma de asegurar que esas empleadas tuvieran acceso a medios de control de la natalidad de una forma u otra sin costo adicional.

Las dos decisiones son los esfuerzos más recientes del gobierno por abordar el un conflicto que ha enfrentado a la Casa Blanca con iglesias y otros grupos religiosos. La disputa ha llevado a docenas de impugnaciones jurídicas, lo que a su vez ha alimentado un debate sobre si la libertad religiosa es más importante que el acceso de las mujeres a opciones de servicios médicos.

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