TVN Noticias tuvo acceso a la orden de arresto expedida contra Valter Lavítola en Nápoles, en donde el documento, señala en su tercero de 5 capítulos, la hipótesis de corrupción internacional, mencionando el proyecto de cárceles modulares y a las autoridades panameñas.

Consta en documento que la Procuraduría de Nápoles interceptó los servicios a disposición de Lavítola y que captaron numerosas conversaciones telefónicas relacionadas a la realización en Panamá de cuatro cárceles modulares por obra del consorcio Svemark.

El proyecto era parte del memorando de entendimiento firmado entre Panamá e Italia en junio de 2010, en la cual participó Lavítola.

En la orden de arresto se hace referencia a una conversación de julio de 2011, cuando Mauro Velocci, de la empresa Svemark, le pide a Lavítola interceder con Méndez (identificada como Roxana Méndez, ministra de gobierno de Panamá) para cambiar la fecha de un encuentro en la embajada.

Otra grabación, esta vez de una reunión en mayo de 2011, deja en evidencia un encuentro entre Lavítola y funcionarios de gobierno, entre ellos Mahesh Khemlani, ex jefe de crédito público que ahora es viceministro de finanzas, y Darío Espinoza, subjefe de crédito público que ahora tiene esa jefatura. En donde se toca los problemas relacionados al financiamiento público que se concedería a Svemark.

Luego de examinar la conversación, en el documento se lee cómo Lavítola, fuerte por su reconocida amistad con el presidente Martinelli, efectúa presión hacia altos dirigentes del gobierno de Panamá y sobre los viceministros, para instarlos a encontrar una solución que permita a la empresa Svemark lograr la firma del contrato.

Pero el documento sería más revelador en el capítulo 3 de la orden de arresto, según figura éste subtítulo que se refiere a la participación de Martinelli, del gobierno de Panamá, en la corrupción.

Advierten indicios de gravedad sobre la participación, además de Lavítola en el rol de intermediario, del presidente de Panamá Martinelli y de hombres de su gobierno en la negociación descrita.

Se lee que después de haber recibido una promesa de soborno y una parte de la misma (se refiere al increíble adelanto del 30% de los trabajos), luego hay un inexplicable retroceso al final de junio de 2011, cuando sólo cuatro días antes había sido enviado un borrador del contrato a la contraparte para los fiscales. Sería un "signo evidente de una reacción enfurecida debido al incumplimiento del acuerdo para el pago adicional de un adelanto de soborno, en vez que una justificada decisión administrativa.

Más adelante también se lee: "es prueba, antes que todo, que Martinelli había constituido sociedades con las cuales recogía comisiones junto a Lavítola", como según la fiscalía, se evidencia en esta transcripción de llamada del 13 julio de 2011 en que se menciona la creación de sociedades en Uruguay y Bulgaria.