Preparan protesta contra junta de control federal sobre Puerto Rico

Decenas de organizaciones se han sumado la protesta convocada para mañana sábado 25 de junio, en San Juan contra la imposición por parte de Washington de una junta federal de control que supervise la actividad del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de ayudarlo a equilibrar sus cuentas.

La Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal, un organismo que el Gobierno ve como un mal necesario para lograr de Washington herramientas que le permitan reestructurar la deuda. tendrá lugar en la capital puertorriqueña.

Está prevista la intervención, entre otros, del congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez y de la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

"Ambos han sido consecuentes en su oposición vehemente a la imposición congresional y no dudaron en alterar sus agendas para estar presentes junto a su pueblo, tan pronto le solicitamos su participación", dijo Ana Irma Rivera Lassén, una de las portavoces de la concertación.

En rechazo a esta junta se han expresado infinidad de colectivos, entre ellos el Congreso de la Liga de Cooperativas, los colegios profesionales de trabajadores sociales, médicos y cirujanos, arquitectos y abogados, y la Asociación de Empleados públicos del Estado Libre Asociado (ELA).

En la concentración, según los organizadores, "los distintos sectores sociales podrán exponer cómo la imposición de la junta de los buitres significará un ataque frontal y un claro atropello a sus derechos y reivindicaciones".

El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) también se sumará a la concentración, por considerar "inaceptable la propuesta del Congreso de EE.UU. de imponer una junta de control fiscal compuesta por personas que no representan los intereses del pueblo puertorriqueño".

Además de animar a la participación, los convocantes instan a los puertorriqueños a que se unan a la campaña de recogida de firmas contra la aprobación del proyecto de Ley conocido como "Promesa", que pretende imponer la creación de la citada junta.

Puerto Rico, que arrastra una deuda de más de 70.000 millones de dólares, es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Sin embargo, Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.