Corrupción frena el crecimiento en Centroamérica

La corrupción frena el crecimiento en Centroamérica
Corrupción y lentas reformas fiscales frenan el crecimiento de Centroamérica, expresa el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos. EFE
Efe
09 de agosto 2015 - 07:10

Los altos índices de corrupción y la lenta implementación de reformas fiscales podrían frenar el crecimiento económico de Centroamérica, alertó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que abogó recientemente por suscribir un pacto social por la gobernabilidad.

La corrupción que sufre la región, principalmente Guatemala, Honduras y Panamá, donde en los últimos meses se han librado batallas contra este flagelo, debilita el crecimiento económico y afecta a los más desfavorecidos, dijo en entrevista con Acan-Efe Jonathan Menkos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La corrupción afecta las posibilidades de bienestar y crecimiento económico en la región", subrayó el economista guatemalteco, que el jueves presentó en Honduras un informe regional que analiza los principales indicadores fiscales de Centroamérica.

Destacó que para combatir la corrupción es clave la transparencia, además de crear sistemas de rendición de cuentas y de evaluación de los funcionarios.

"La opacidad ha sido el camino llano para la corrupción, necesitamos Estados que transparenten más su información", enfatizó Menkos al hacer referencia a los distintos casos de corrupción destapados en los últimos meses en Guatemala, Honduras y Panamá.

En Honduras, miles de personas han salido pacíficamente a las calles desde mayo pasado para pedir la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, y castigo para los que desfalcaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que salpica a empresarios, fiscales, periodistas y políticos.

Los manifestantes también exigen una Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicih) y rechazan un diálogo propuesto en junio pasado por el presidente hondureño, para el que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha designado como representante al chileno John Biehl del Río.

Países de la Región

En Panamá, cerca de una docena de funcionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tienen medidas cautelares, algunos prisión preventiva, por supuesta corrupción, y varios han implicado al exjefe de Estado, quien también afronta tres investigaciones.

En tanto, dos escándalos descubiertos en la oficina de impuestos y en el seguro social, en abril y mayo pasados, han causado que miles de guatemaltecos salgan a las calles a exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

En los países del istmo se percibe "poca transparencia en la gestión del gasto público", por lo que los Estados, según el economista, deben impulsar "esfuerzos" orientados a promover la transparencia y el combate a la corrupción.

Precisó que la región "camina hacia una política fiscal que va generar ingobernabilidad", pues la mayoría de los países tienen dificultades para aplicar medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Destacó, además, que si bien la economía centroamericana tuvo un crecimiento de casi el 4 % en 2014, persisten diferencias y retos importantes en cada país, como controlar la deuda pública, que en 2014 alcanzó el 37,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

"Necesitamos una política fiscal que no solo se encargue de verse bien ante la coyuntura, sino de funcionar en el mediano plazo, y que contribuya a la modernización de los impuestos y la administración tributaria", explicó.

Centroamérica, a excepción de Costa Rica, ha aplicado reformas fiscales en los últimos años, pero "no han sido suficientes" para elevar los ingresos públicos, añadió.

La región también necesita implementar reformas que permitan reducir las exoneraciones de impuestos y otros incentivos fiscales, y luchar contra la evasión, señaló el especialista del Icefi.

Además, sugiere que los países centroamericanos suscriban un "pacto social", que establezca las prioridades de los Estados para poder cumplir las funciones básicas que como tal están llamados a desempeñar.

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