Jubilados piden al presidente Varela vetar ley que establece el pago de décimos caídos

Una asociación de jubilados y pensionados pidió al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, vetar la ley que establece la devolución de una paga extraordinaria retenida por 45 años porque no les permitirá recuperar su dinero más intereses por el tiempo transcurrido, informaron hoy los afectados.

La Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo circuló hoy un comunicado al país, cuya copia entregó ayer en la Presidencia de Panamá, en la que le pide a Varela el veto a la ley aprobada el miércoles pasado por unanimidad en el Parlamento.

El parlamento panameño aprobó en tercer y último debate, y tras adaptarse a un veto presidencial, una ley para pagar más de 150 millones de dólares a unos 180,000 trabajadores que por 11 años (1972-1983) no recibieron parte de un bono concedido por ley, por orden de la dictadura militar que sojuzgó el país de 1968 a 1989.

Varela vetó en enero pasado la primera versión de la ley y pidió fijar el porcentaje de interés que debe pagarse junto con la devolución y también establecer un mecanismo excepcional de pago para honrar el compromiso pendiente.

La Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) decidió entonces que los recursos que se decomisen producto de la lucha anticorrupción servirán para financiar este pago millonario.

En la segunda versión, el grupo de jubilados exige que Varela la vete y que el 3 % de interés establecido para pagar la deuda, más el capital, no sea solo por 12 años, como dice la ley, sino por los 45 años que han transcurrido desde la primera retención de los fondos, en agosto de 1972, porque es un derecho ganado.

La nueva ley "resulta contraria a los justos derechos" de los jubilados y pensionados, "nefasta" y "peor" que la primera versión, además que fue aprobada "de espaldas al pueblo" y sin consultarles a los afectados, expresa la coordinadora.

Los ancianos le piden a Varela que exija que una tercera versión sea discutida y se incluya el pago completo de intereses y que se fije un plazo "mínimo de 180 días y máximo de dos años" para honrar el compromiso por parte del Estado.

El pago adeudado a los jubilados es un tercio del décimo tercer mes que reciben los trabajadores en Panamá cada año desde 1972, retenido por la dictadura con el supuesto fin de financiar un programa de vivienda social del Banco Hipotecario Nacional y luego para reforzar los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

El ministro panameño de Economía, Dulcidio De La Guardia, ha advertido varias veces que la devolución afectaría la estabilidad de la Caja de Seguro Social (CSS), que ya enfrenta una situación insostenible en el programa de pensiones y jubilaciones por falta de ingresos proporcionales a la cantidad de personas que se jubilan.