Desapariciones e infiltración narco: un secreto a voces en el sur de México

El grito de auxilio se lanzó hace tiempo pero no fue hasta la sonada desaparición de 43 estudiantes que el gobierno mexicano estuvo obligado a mirar hacia la región de Guerrero (sur), donde el poder y la infiltración del narcotráfico eran un secreto a voces.

En este aterrador panorama, Manuel es consciente de su fortuna. Hace dos años, un grupo del crimen organizado lo secuestró en una carretera de la sierra y ocho semanas después, cuando su familia ya asumía que se había unido a la larga lista de desaparecidos de la zona, apareció milagrosamente con la misma ropa hecha harapos en una ciudad vecina.

Manuel explica que los narcos decidieron soltarlo por su débil estado de salud tras comprobar que no era un informador de un cártel rival.

Durante dos meses, el hombre durmió a la intemperie del cerro junto a otros 15 compañeros de cautiverio, maniatado, con los ojos vendados y sujeto a humillaciones.

"La primera semana nos estuvieron golpeando a diario hasta que perdí el conocimiento", relata a la AFP este hombre robusto de mediana edad que, por seguridad, es identificado con el nombre falso de Manuel.

Con miedo todavía a salir a la calle, Manuel afirma con conocimiento de causa: "No entiendo por qué se espanta ahora el gobierno con el caso de los estudiantes. Aquí hemos vivido lo peor".

La conmoción sigue dentro y fuera de México por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero) desde que la noche del 26 de septiembre fueron tiroteados por policías locales en la cercana ciudad de Iguala, que supuestamente después les entregaron a sicarios del cártel local Guerreros Unidos.

Los otros desaparecidos

En Iguala y alrededores, los desaparecidos se cuentan a decenas, igual que las fosas clandestinas que han venido descubriéndose con más de 80 cadáveres sólo en este 2014.

María Guadalupe Orosco todavía llora al recordar como su hijo Francis, de 32 años, desapareció junto a otros cinco amigos después de unas fiestas del pueblo en 2010.

La mujer asegura que hay testigos que demuestran que fue el Ejército el que se los llevó y, desde entonces, no se ha cansado de denunciar el caso, de tocar inútilmente a las puertas de todas las autoridades e, incluso, de husmear en varias prisiones fingiendo llevar comida a los internos.

"Porque tienen mucho tiempo de desaparecidos, ¿el dolor ya no existe?", se pregunta con rabia esta madre de cinco hijos indignada de que el gobierno, ante el reciente hallazgo de 28 cadáveres en Iguala, se limitara a decir que entre ellos no hay estudiantes.

Esas personas "también tienen nombre y familia", lamenta.

Desde que empezó el combate militar contra el narcotráfico en 2006 hay 22.322 personas oficialmente "no localizadas" en México, aunque muchos familiares de víctimas se resisten a denunciar por miedo a la connivencia de autoridades con la criminalidad.

En el pequeño municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde la vida en las calles termina a las ocho de la noche, familiares prefieren no elevar la voz sobre sus desaparecidos creyendo que con el silencio hay más probabilidades de recuperarlos con vida.

Aún impactado por saber que la policía de Cocula también participó en la desaparición de los estudiantes, un vecino que no denunció el secuestro de su sobrina se reafirma: "¿En manos de quiénes estamos?".

Habitantes de Cocula aseguran que han tenido que recolectar rescates de hasta 15.000 dólares para liberar a secuestrados.

Ayuda bienvenida, pero tardía

El gobierno ha desarmado a las policías de Iguala y Cocula -en total hay 36 policías detenidos- y desplegado a las fuerzas federales para asumir la seguridad.

Lo mismo hizo el domingo en otros 13 municipios de la zona por supuestos nexos de sus policías con la criminalidad.

Alcaldes de Guerrero, la región con más homicidios de México (63 por cada 100.000 habitantes en 2013), dan la bienvenida al apoyo federal esperando que no sea temporal, pero lamentan que se hayan ignorado por tanto tiempo todas sus advertencias.

"Aquí se tuvo que haber actuado desde hace años y no estar hoy lamentando unos hechos" tan tristes, dice el alcalde de Cocula, César Peñaloza, que sobrevivió a un atentado el año pasado y fue citado a declarar por el caso de los estudiantes.

A unos kilómetros de distancia, en Teloloapan, el alcalde Ignacio Valladares se alegraba el domingo del refuerzo de seguridad para este municipio al que muchos se refieren como "el infierno" y donde en los últimos 15 días ha habido más de una decena de asesinatos.

"Qué bueno que ya están aquí (fuerzas federales) y qué malo que sea por estas circunstancias lamentables que se vivieron en Iguala", manifiesta este hombre menudo, protegido día y noche por once escoltas.