México: Hallan fosas en zona donde buscan alumnos

Las autoridades mexicanas hallaron varias fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres en una localidad del violento estado sureño de Guerrero donde hace unos días desaparecieron 43 estudiantes, luego de hechos violentos que también se cobraron la vida de seis personas.

El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo que las fosas fueron localizadas en las afueras de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México, y horas después las autoridades federales anunciaron que atrajeron la investigación tanto de la desaparición de los 43 estudiantes como de los trabajos de identificados de los cadáveres de las tumbas clandestinas.

Las autoridades han evitado decir si creen que los cuerpos encontrados serían de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros de educación básica.

Blanco, el procurador estatal, dijo que "sería irresponsable" adelantarse a los trabajos periciales.

No obstante, reveló que fueron nuevos detenidos por los sucesos de Iguala los que les indicaron la ubicación de las fosas.

Sobre la condición en la que estaban los restos humanos encontrados, el gobernador estatal Angel Aguirre señaló que las víctimas habían sido "salvajemente masacradas" y también evitó especular sobre quiénes serían.

"A los familiares y amigos de los fueron salvajemente masacrados ofrezco mi solidaridad, mi apoyo y toda la disposición, como lo hice desde el primer día que acontecieron estos lamentables acontecimientos", dijo Aguirre quien se comprometió a informar a los familiares "de manera directa" de los avances de las investigaciones.

Juan López Villanueva, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien llegó al lugar acompañado de un equipo de seis personas entre médicos, criminalistas y psicólogos, dijo que se trataba de seis fosas clandestinas.

Blanco informó también de ocho nuevas detenciones que se añaden a los 22 policías locales de Iguala arrestados al día siguiente de los ataques.

Según dijo, entre ellos había "halcones" -informantes- y "gatilleros" -sicarios- del crimen organizado y fueron los que dieron las pistas clave para la localización de las fosas.

Para el fiscal quedó ya constatado que "varios elementos de la policía municipal son parte de la delincuencia organizada" y en concreto del grupo denominado Guerreros Unidos y añadió que se está intentando localizar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a través de todas las procuradurías del país y con apoyo de la Interpol.

La Procuraduría General de la República ha enviado a la zona equipos periciales para contribuir a la identificación de los restos, que se encuentran custodiados por el Servicio Médico Forense de Guerrero, añadió Blanco.

El subprocurador de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia, dijo que las autoridades federales han atraído el caso para investigar la desaparición, y que ya tienen bajo su custodia a varios detenidos por el gobierno de Guerrero.

Mientras, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, Tomás Zerón, dijo que peritos trabajan en la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas. "El estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune", comentó.

Jesús López, padre de uno de los desaparecidos, informó a AP de que el domingo, una comisión de familiares y representantes de la escuela acudirían a Iguala para conocer de primera mano la información de las autoridades.

"No podemos decir nada, estamos muy nerviosos pero hasta que no nos informen no hay nada", dijo el padre de Giovani, de 19 años y en primer curso de magisterio, cuando se disponía a trasladarse de Acapulco a Chilpancingo, donde está la escuela y se están alojando algunos familiares.

"Mañana veremos, queremos que alguien de nosotros vaya para asegurarnos que no nos engañan", agregó

El gobernador Aguirre pidió a los guerrerenses mantener la calma para evitar acciones de violencia y garantizó que los culpables de los asesinatos serían castigados.

Por la noche del sábado, sin embargo, jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron hasta la residencia del gobernador en la capital estatal, Chilpancingo, donde lanzaron algunas bombas molotov y voltearon un vehículo luego de que las autoridades estatales les dijeran que no podían autorizarles ir al lugar de las fosas y tratar de ver los cuerpos para intentar determinar si son los de algunos de sus compañeros desaparecidos.

Las fosas se localizaron en las faldas de un cerro en las afueras de una colonia marginal de Iguala. El lugar, llamado Pueblo Viejo, es un territorio muy abrupto, de difícil acceso y desde primera hora de la tarde del sábado quedó fuertemente custodiado por más de un centenar de policías federales, estatales y miembros del Ejército y de la Marina.

Un habitante de la colonia La Parota, la parte urbanizada más cercana al cerro, que habló con la AP a condición de mantener el anonimato por miedo a represalias, dijo que durante la mañana del sábado se escucharon disparos en el área y que vieron pasar "carros extraños" y después "gente de la Marina".

El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa —una escuela de formación de docentes conocida en México por su activismo social y por organizar acciones radicales— trató de apoderarse de autobuses en Iguala para utilizarlos en sus protestas, pero fueron atacados en varias ocasiones por policías locales y desconocidos armados.

La fiscalía del estado confirmó entonces que en los incidentes seis personas murieron —entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años del equipo "Avispones de Chilpancingo"— y 57 alumnos resultaron desaparecidos. Se indicó además que 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Días después, las autoridades redujeron el número de desaparecidos a 43 e indicaron que los 14 restantes habían sido localizados, aunque la organización Tlachinollan —encargada del apoyo legal a las familias de los estudiantes— señaló que el ajuste se debió a la corrección de errores en la lista inicial.

El fiscal de Guerrero aseguró que había vídeos que demostraban que tras el primer ataque de la policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de alumnos, por lo que existían elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.

La noche siguiente a los sucesos, las autoridades guerrerenses detuvieron a 22 policías presuntamente involucrados en los homicidios y las desapariciones e investigaban sus vínculos con grupos del crimen organizado que, según el gobernador del estado, Angel Aguirre, se habían infiltrado en esa corporación municipal.

Efectivos de todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército y la Marina colaboraron durante toda la semana en los trabajos de búsqueda.

La violencia es una constante en Guerrero, estado en una región muy pobre, de gran activismo social y que es disputada por varios cárteles de la droga, entre otros Guerreros Unidos, a los que pertenecían algunos de los detenidos, y La Familia