Piden que Guatemala extienda mandato de comisión contra impunidad

Piden que Guatemala extienda mandato de comisión contra impunidad
Piden que Guatemala extienda mandato de comisión contra impunidad
Afp
25 de marzo 2015 - 16:23

El gobierno de Guatemala debe extender el mandato de la misión de la ONU contra la impunidad en ese país y ofrecer garantías institucionales para su normal funcionamiento, pidió este miércoles una influyente entidad estadounidense.

En un estudio, la organización Washington Office on Latin Americana (WOLA) sostuvo que "el desmantelamiento de las estructuras ilegales que influyen o, en ciertos casos, controlan buena parte del territorio y la institucionalidad del país está aún lejos de lograrse".

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), iniciado en 2007 con apoyo de la ONU, vence en septiembre de este año, y el presidente guatemalteco, Otto Pérez, ya adelantó que su gobierno no extenderá el plazo de gestión de esa misión.

Según WOLA, el estado guatemalteco debe garantizar la "independencia de las instituciones de justicia", porque es una "obligación fundamental implícita en el acuerdo" que creó la Comisión.

"La existencia de CICIG (...) pierde sentido si Guatemala no puede garantizar que los procedimientos penales promovidos por la Comisión serán mantenidos y resueltos por órganos independientes e imparciales", afirmó la entidad en su estudio.

A principios de marzo, durante una visita a Guatemala, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió formalmente al presidente Pérez que extienda el mandato de la comisión, alegando que ayudará a que el Congreso estadounidense apruebe un plan de ayuda por mil millones de dólares.

El mandato de la CICIG "es una decisión soberana, pero debe ser prorrogado si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se sume a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares", adelantó Biden durante su visita.

La CICIG está encabezada por el colombiano Iván Velásquez, y Ese propone auxiliar a las autoridades guatemaltecas en la depuración del Poder Judicial, infiltrado por el crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad.

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