SIP pide a gobiernos de América que garanticen supervivencia del periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este viernes a los Gobiernos del continente a tomar medidas que garanticen la "supervivencia del periodismo en la democracia", que a su juicio está en peligro debido, ente otros factores, a su desventaja respecto a las "plataformas tecnológicas globales".

Durante la jornada de clausura de su 76 Asamblea, celebrada de manera virtual, la organización con sede en Miami aprobó varias resoluciones, dos de ellas relacionadas con la pandemia que, según la SIP, ha afectado "en forma dramática los ingresos y el capital de trabajo de los medios periodísticos".

En la referida a la sostenibilidad de los medios la SIP afirma que asegurarla es "una responsabilidad para las democracias de las Américas", ya que son "pilares fundamentales" para los derechos humanos, la contención de fuerzas autoritarias y el ejercicio de una ciudadanía plena e informada.

La SIP subraya que si bien la tecnología hizo aumentar el alcance de los medios periodísticos también generó "enormes disparidades económicas con las plataformas digitales globales, poniendo bajo enorme presión la viabilidad financiera de los medios".

"La ausencia de un modelo económico claro y universalmente sostenible pone en peligro el papel de los medios periodísticos como proveedores de información confiable y de calidad, contra plataformas tecnológicas globales donde pueden proliferar la desinformación y las noticias falsas", señala.

En alza la información confiable

Esta situación se ha vuelto "aún más crítica" con la pandemia, que ha hecho necesario que los medios, como actividades esenciales, "intensifiquen su trabajo, facilitando la conexión esencial entre los gobiernos y los ciudadanos que necesitan información confiable".

"La creciente importancia de la información confiable, generada a través de medios periodísticos, entra en conflicto con este paradigma de crisis económica y la industria de los periódicos está actualmente navegando una tormenta perfecta, la cual representa una amenaza inmediata para la supervivencia del periodismo en la democracia", señala la SIP.

La organización formada por medios de 24 países menciona que e países desarrollados, especialmente de la Unión Europea, han comenzado a abordar este problema global crítico mediante políticas públicas transparentes, no discriminatorias y respetuosas de la independencia editorial de los medios".

A su juicio, seguir su ejemplo "fortalecerá la sostenibilidad del periodismo" en el continente americano.

Por ello, la SIP exhorta a los gobiernos democráticos de la región a "avanzar, debatir y adoptar políticas públicas que garanticen la supervivencia del periodismo en la democracia".

En otra resolución, la SIP hace constar que en el marco de la crisis sanitaria de la covid-19 "la mayoría de los gobiernos de las Américas, mediante los estados de excepción, limitaron, obstruyeron y se excusaron de cumplir con leyes de acceso a la información pública y transparencia e impusieron restricciones a la movilidad de los medios y periodistas dificultando la cobertura periodística".

Al pasar revista a las actuaciones de los distintos gobiernos americanos durante la pandemia, señala que "en Nicaragua, Cuba y Venezuela aumentaron el abuso sistemático del poder del Estado, la desinformación, la falta de transparencia y la censura".

En Chile, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela se denunciaron restricciones a la movilización de periodistas y la distribución y venta de diarios y periódicos se vio afectada, agrega una de las resoluciones.

En Canadá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Granada, Nicaragua, Perú y Puerto Rico "las autoridades han utilizado la pandemia como excusa para limitar el acceso a la información de los ciudadanos y los medios de comunicación".

En El Salvador el gobierno negó "el acceso a la información sobre casos de la covid-19 y los jueces impidieron el acceso de periodistas a audiencias penales que por ley son públicas".

Además, en Honduras sigue sin revisarse la denominada "Ley de Secretos" de 2014 que "blinda la información gubernamental de interés público hasta por 25 años, vulnerando el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia".