Nueva ley china sobre ONG preocupa a Estados Unidos

El Gobierno de EE.UU. expresó hoy su preocupación por la ley aprobada en el Parlamento chino para gestionar el trabajo de las ONG extranjeras en ese país y alertó de que "reducirá más" el espacio de la sociedad civil, al crear un "ambiente potencialmente hostil" para esas organizaciones.

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, se mostró "profundamente preocupado" de que esa ley "impacte negativamente los importantes lazos entre nuestros dos pueblos y el desarrollo de la sociedad civil en China".

"Urgimos a China a cumplir las garantías que ha dado de que aceptará y promoverá las relaciones con la sociedad civil, incluido un papel activo para organizaciones no gubernamentales de otros países", dijo Kerry en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que lleva un año hablando con sus homólogos chinos sobre ese proyecto de ley y que su versión final "contiene algunas mejoras respecto al borrador original".

"Pero también crea un ambiente enormemente incierto y potencialmente hostil para las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro extranjeras y sus aliados chinos, que sin ninguna duda desalentará sus actividades e iniciativas", agregó Kerry.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ned Price, indicó que esa ley "limitará el contacto entre individuos y organizaciones" de los dos países.

"Instamos a China a respetar los derechos y libertades de los defensores de los derechos humanos, periodistas, grupos empresariales, profesionales del desarrollo y todos los demás que conforman la sociedad civil", subrayó Price en otro comunicado.

Tras un año de discusión, la Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó hoy la nueva legislación al término de su sesión bimensual en Pekín y anunció que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

La ley, duramente criticada por Gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), dificulta el trabajo de las ONG y estrecha el control sobre sus actividades, sus miembros y su financiación.

Con un texto muy ambiguo, la legislación afecta a "organizaciones sociales no gubernamentales, sin ánimo de lucro, como fundaciones, grupos sociales o 'think-tanks'", pero no a "colegios, hospitales o instituciones académicas o de investigación en ciencias naturales, ingeniería y tecnología y otras entidades".

Los grupos afectados pasan a ser gestionados por la policía, que deberá aprobar su trabajo y podrá cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar a sus responsables si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado.