Las Fuerzas Armadas birmanas manejan miles de millones de dólares

Ejército en las calles de Birmania
Ejército en las calles de Birmania / AFP
Afp
11 de febrero 2021 - 06:39

La junta militar que tomó el poder en Birmania tras el golpe contra Aung San Suu Kyi controla los principales recursos naturales y económicos del país, entre ellos minas, bancos y turismo, una riqueza en la mira de las sanciones de Estados Unidos.

El miércoles, la administración estadounidense anunció nuevas sanciones, pero todavía no se sabe si apuntan solamente a los autores del golpe o también a los gigantescos conglomerados económicos controlados por los militares.

En 2020, el hermético Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) se convirtió en el centro de atención después de la muerte de casi 300 birmanos en el colapso de una de sus minas de jade.

MEHL es uno de los dos conglomerados de propiedad militar, junto con la Myanmar Economic Corporation (MEC), grupos opacos con intereses colosales en actividades tan diversas como la minería, la cerveza, el tabaco, el transporte, la industria textil, el turismo o la banca.

A través de ellos, más de 130 empresas están dirigidas total o parcialmente por generales, según un informe de la oenegé Justice for Myanmar (JFM), publicado la semana pasada.

"Capos de la droga y militares"

MEHL también posee la mayor cantidad de licencias de extracción de rubí y jade en Birmania, el mayor productor del mundo.

El comercio de jade mueve miles de millones de dólares por año, pero solo una parte muy pequeña termina en las arcas del Estado y la mayoría de las piedras de calidad se contrabandean a China.

Desde el fin de la anterior junta militar en 2011, el sector permaneció "controlado en secreto por una red de oficiales militares de alto rango y capos de la droga", según la oenegé Global Witness.

El holding MEHL está asociado con muchas empresas en China, Japón, Corea del Sur o Singapur.

El consejo de administración está integrado por los jerarcas militares más importantes, encabezados por el jefe del ejército, Min Aung Hlaing, autor del golpe de estado.

Ming Aung Hlaing sería uno de los principales accionistas de la empresa.

Miles de millones de dividendos

Tan solo en 2011, el general Ming Aung Hlaing recibió 250.000 dólares en concepto de dividendos por parte de MEHL, según un informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2020.

De 1990 a 2011, los accionistas, todos militares en servicio o retirados, recibieron unos 18.000 millones de dólares.

Desde su independencia en 1948, Birmania ha vivido bajo el yugo del ejército durante 49 años.

"Tuvieron tiempo para hacerse con una gran parte de la riqueza", dice Françoise Nicolas, directora para Asia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

El breve paréntesis democrático de diez años que el golpe militar acaba de cerrar no cambió la situación ya que el ejército conserva importantes prerrogativas gracias a una Constitución hecha a su medida.

La aplastante victoria del partido de Aung San Suu Kyi en las elecciones legislativas de noviembre de 2020 asustó a los generales.

Esa victoria "podía poner en peligro parte de su riqueza y muy probablemente influyó en la decisión del golpe", estima Françoise Nicolas.

Con el golpe, el ejército retomó el control total de las empresas estatales, particularmente en los sectores del petróleo y el gas.

Controla la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), asociada con las francesa Total y estadounidense Chevron, que factura casi mil millones de dólares anuales por la venta de gas natural

¿Sanciones?

Por ahora, las sanciones impuestas tras los abusos del ejército en 2017 contra la minoría musulmana rohinyá solo se han dirigido a algunos militares, como Min Aung Hlaing.

Washington anunció nuevas sanciones y decidió restringir el acceso de los generales a mil millones de dólares que tienen depositados en Estados Unidos.

Pero para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) esas sanciones no son suficientes.

También hay que adoptar sanciones "contra sus conglomerados", dijo Debbie Stothard (FIDH), como sucedía en el pasado hasta el inicio de la democratización.

El ejército "dirigió el país durante muchos años bajo sanciones paralizantes y está listo para hacerlo nuevamente", señala Richard Horsey, analista independiente en Rangún.

"No perjudiquen más al pueblo birmano por los pecados de sus dirigentes", agrega.

Algunos exhortan a las empresas multinacionales a poner fin a su actividad en Birmania.

Hasta ahora, solo la cervecera japonesa Kirin y la petrolera Puma, con sede en Singapur, anunciaron el fin de sus operaciones en Birmania.

El grupo francés Total, operador del gigantesco yacimiento de gas offshore de Yadana, indicó que está evaluando "el impacto" del golpe.

El australiano Woodside, socio de Total en otro yacimiento de gas, "está observando la situación".

Todas las miradas se enfocan en Singapur, el mayor inversor extranjero en Birmania.

"Los generales tienen ahí muchas inversiones personales y cuentas bancarias desde mediados de la década de 2000", señala Debbie Stothard.

La ciudad-estado "realmente tiene un medio para actuar" congelando sus activos.

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