Fuerzas de seguridad lanzan redada contra trabajadores y la ONU sigue dividida sobre Birmania

Las fuerzas de seguridad birmanas lanzaron una redada este miércoles en Rangún contra los trabajadores ferroviarios huelguistas que participan en el movimiento de desobediencia civil contra los militares, mientras que la ONU aún no logra un consenso para condenar el golpe de Estado.

Cientos de policías y vehículos militares se desplegaron alrededor del recinto donde reside el personal ferroviario de la estación Ma Hlwa Gone, en el este de la capital económica.

"Bloquean las puertas (de los apartamentos) y las destrozan para entrar", contó a la AFP una familiar de un trabajador ferroviario que pidió mantener el anonimato por miedo a represalias. "Logré escapar, pero estoy preocupada por los trabajadores" y sus familias, añadió.

Según ella, unos 800 trabajadores ferroviarios participan en el movimiento de desobediencia civil en esta estación.

Médicos, profesores, empleados de compañías eléctricas y ferroviarias y muchos funcionarios dejaron de trabajar desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó el gobierno civil de Aung San Suu Kyi.

Los generales, que pusieron fin a una década de transición democrática, prosiguen su represión, poniendo oídos sordos a los reclamos de la comunidad internacional, dividida en torno a Birmania.

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dos versiones de una declaración conjunta -que proponían una condena explícita del golpe y posibles sanciones adicionales- fueron rechazadas por China, Rusia, India y Vietnam, informaron a la AFP diplomáticos, según los cuales siguen las negociaciones en busca de una posición común.

El Reino Unido, Estados Unidos y otros países occidentales han impuesto sanciones selectivas.

"Paralización total de la economía"

Este movimiento de desobediencia civil perturba la frágil economía birmana, con oficinas administrativas vacías, escuelas y hospitales y bancos cerrados.

Los principales sindicatos han llamado a "la paralización total de la economía" para intentar paralizar el país y aumentar la presión sobre los militares.

La junta ordenó a los funcionarios que regresen a trabajar a partir del 8 de marzo, si no quieren ser despedidos y exponerse a represalias.

Desde el golpe de Estado hay protestas diarias en todo el país. Este miércoles se organizaron algunas concentraciones.

En Myingyan (centro), tres manifestantes prodemocracia resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según los socorristas.

Pero la fuerte presencia militar, principalmente en el barrio de Sanchaung en Rangún -donde las fuerzas de seguridad rodearon a cientos de manifestantes el domingo- era disuasoria y las manifestaciones eran menos numerosas.

Durante la noche del martes, siete manifestantes fueron arrestados en ese barrio, según los medios estatales.

En otra parte de la ciudad, las fuerzas de seguridad incendiaron barricadas improvisadas, amenazando a residentes con incendiar sus apartamentos, informó a la AFP una residente de 26 años.

La junta parece más decidida que nunca a imponerse, con redadas en edificios residenciales, hospitales, universidades, detenciones masivas, fuerza letal.

Al menos 60 civiles han muerto y casi 2.000 personas han sido detenidas desde el 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos.

Gesto simbólico

Los militares también han hecho redadas contra medios independientes y les han retirado licencias de operación. Una veintena de periodistas están detenidos.

El ejército niega estar implicado en la muerte de manifestantes, y justifica su acción de fuerza alegando fraudes electorales en las elecciones legislativas de noviembre que ganó por abrumadora mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND).

En un gesto simbólico, varios diputados del LND destituidos anunciaron en Facebook el nombramiento de uno de sus responsables, Mahn Win Khaing Than, vicepresidente del país, a cargo de reemplazar al expresidente Win Myint y a la exjefe del gobierno Aung San Suu Kyi, detenida en un lugar secreto.

Los diputados que no reconozcan la legitimidad de la junta y que han creado un comité para representar al gobierno civil se convierten en culpables de "alta traición", un delito castigado con la pena de muerte o con 22 años de detención, advirtieron los militares.

Dos responsables de la LND murieron estando detenidos en los últimos días. Muchos han sido arrestados, tres de ellos la noche del martes.