La libertad de prensa se tambalea en Filipinas con cierre del canal ABS-CBN

ABS-CBN, el mayor grupo mediático de Filipinas, suspendió hoy la emisión de sus estaciones de radio y televisión al expirar su licencia, un hecho visto por grupos de derechos humanos y el gremio periodístico como un nuevo golpe a la libertad de expresión por parte del presidente, Rodrigo Duterte.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó hoy el cese inmediato de las operaciones de ABS-CBN, que fue el primer canal de televisión del Sudeste Asiático, al haber caducado ayer su licencia, mientras su renovación está pendiente de ser debatida en el Congreso tras numerosos retrasos que algunos consideran intencionados.

Decenas de cadenas a negro

Un total, de 42 cadenas de televisión del grupo en todo el país -incluyendo Channel 2, buque insignia del grupo-, se fueron a negro poco antes de las 20.00 hora local, tras la emisión de TV Patrol, el informativo con más audiencia del país.

También se suspendió la emisión de diez canales digitales y 23 emisoras de radio del grupo -donde trabajan más de 11.000 personas-, aunque podrán mantener ANC, un canal de la televisión por cable que no depende de esa licencia, y su página web.

"Millones de filipinos van a perder una importante fuente de información y entretenimiento cuando las estaciones de ABS-CBN salgan de antena esta noche, en un momento en que los filipinos más necesitan información crucial y rápida para lidiar con la pandemia de COVID-19", señaló la dirección del grupo en un comunicado.

¿La mano de Duterte?

Aunque desde presidencia se han apresurado a desvincular a Duterte de la decisión, el mandatario había amenazado a los directivos del grupo con el cierre del medio en varias ocasiones y les había acusado de publicar noticias "injustas" sobre él.

Algunos medios apuntan a que el enfado del presidente con la cadena se gestó en la carrera presidencial de 2016, cuando ABS-CBN se negó a emitir un anuncio electoral de la campaña de Duterte porque no contaba con el visto bueno de la Comisión Electoral.

"La posición del presidente es que se trata de un asunto que compete a la Comisión Nacional de Comunicaciones, y respeta su decisión", declaró hoy el portavoz presidencial, Harry Roque.

"Silenciar a la prensa"

Partidos de la oposición, grupos civiles y organizaciones de derechos humanos han denunciado el cierre de ABS-CBN, como Human Rights Watch (HRW), que lo ve como "otro esfuerzo de la administración Duterte para intimidar y silenciar la prensa".

"Los filipinos deberían rechazar esta decisión despótica de hostigar a un medio conocido no solo por su alcance, sino también por su competencia y dedicación a la difusión de las noticias", señaló Phil Robertson, subdirector de HRW para Asia.

Al poco de conocerse la decisión oficial, los filipinos lamentaron la noticia en las redes sociales y las etiquetas #DefendPressFreedom y #NoToABSCBNShutDown (Defiende la libertad de expresión y No al cierre de ABS-CBN) se convirtieron en tendencia.

"Pedimos al gremio periodístico y a los filipinos que aprecian la democracia y la libertad a resistir unidos otro descarado asalto del Gobierno a la libertad de prensa y de expresión", indicó la Unión Nacional de Periodistas Filipinos, que convocó una protesta online, debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Para la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas, la medida es "claramente un caso de acoso político contra un pilar de la democracia filipina, que emplea a miles de trabajadores, cuyo medio de vida ahora está en peligro".

Decisión del congreso

Según la Constitución, la decisión de renovar la licencia recae sobre el Congreso, donde desde el año pasado hay al menos nueve propuestas de ley a favor de la renovación de los permisos de emisión para ABS-CBN, cuyo debate en el pleno ha sufrido retrasos.

La oposición y gran parte de la opinión pública acusan de esas dilaciones al presidente de la Cámara baja, Alan Cayetano, que se postuló a la vicepresidencia en 2016 junto a Duterte, aunque perdió, y después ejerció como su ministro de Exteriores.

El pasado marzo, el Congreso tuvo un primer debate sobre la licencia de ABS-CBN, pero el parón parlamentario -que en Filipinas se produce entre marzo y abril- y la cuarentena por la pandemia de COVID-19 han impedido reanudar la discusión antes del fin de la licencia.

Acoso judicial

La ofensiva a ABS-CBN también viene desde el flanco judicial, ya que otro aliado de Duterte, el fiscal general, José Calida -figura que equivale a la Abogacía del Estado-, presentó en febrero una petición al Tribunal Supremo para que anulara la licencia del canal.

Calida alegó que ABS-CBN "ejerce ilegalmente", ya que se financia parcialmente con capital extranjero, lo que violaría la norma constitucional sobre la propiedad 100 % filipina de los medios.

La cadena ha insistido en que sus operaciones "cumplen la ley" y que el capital foráneo entró a la compañía mediante "recibos de depósito filipinos", fórmula que, según defiende, además de ser legal y aprobada por la Comisión de Valores, es una "práctica común" entre las corporaciones de medios para obtener fondos sin vulnerar la ley.