Las presiones de EEUU, la UE y el G7 se acumulan sobre la junta militar birmana

Rangún/Los militares que dieron el golpe de Estado en Birmania se hallaban sometidos este martes a una creciente presión, con una condena del G7 sumada a las sanciones la víspera de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y las manifestaciones de protesta más importantes desde el golpe del 1 de febrero.

Desde hace tres semanas, las autoridades birmanas han intensificado la represión contra la movilización prodemocracia.

Por ahora tres manifestantes resultaron muertos, y fue abatido un hombre que patrullaba para evitar arrestos masivos en un barrio de Rangún.

"Usar munición real contra gente desarmada es inaceptable. Cualquiera que responde a protestas pacíficas con violencia tiene que rendir cuentas", afirmaron el martes los ministros de Exteriores del G7, grupo que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, así como un representante de la diplomacia de la Unión Europea.

"Condenamos la intimidación y opresión de aquellos de se oponen al golpe. Manifestamos nuestra preocupación por la represión de la libertad de expresión, incluyendo el corte de internet y cambios draconianos en la ley que reprime la libertad de expresión", agregó el G7 en el comunicado.

Horas antes, Estados Unidos anunció sanciones contra otros dos líderes de la junta militar birmana que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi: el general Maung Maung Kyaw, a la cabeza de la Fuerza Aérea, y el teniente general Moe Myint Tun.

Washington ya adoptó hace 10 días una salva de medidas similares contra varios miembros de la junta en el poder, incluido su jefe, el general Min Aung Hlaing.

"No dudaremos en tomar nuevas medidas contra quienes perpetran la violencia y anulan la voluntad del pueblo", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

El anuncio de Washington se produjo horas después de que la UE decidiera imponer sanciones contra los intereses económicos y financieros de los militares responsables del golpe.

"Se suspende toda la ayuda financiera directa (...) para los programas de reforma del gobierno", afirmó el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell.

"Las sanciones siempre pueden afectar a los habitantes locales, lo que debemos evitar. Pero sanciones específicas son necesarias ya que necesitamos una enorme presión contra el golpe de Estado", declaró, por su lado, la enviada de la ONU en Birmania, Christine Schraner Burgener, a la cadena France 24.

Ella informará de la situación el viernes durante una reunión especial de la Asamblea General de la ONU dedicada a Birmania, afirmó este martes el servicio de comunicación de esta institución.

- Mas manifestaciones -

Estas sanciones llegan después de que el ejército birmano utilizara balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y, a veces, munición real contra los manifestantes.

También desplegó más fuerzas de seguridad en las calles de Rangún, la principal ciudad del país y su capital económica.

Para evitar que los manifestantes se congregaran instalaron barricadas en los cruces y arterias que conducen a las embajadas.

Desde el golpe de Estado, 696 personas han sido detenidas, acusadas o condenadas, según una oenegé que ayuda a los presos políticos. Casi todas siguen entre rejas.

Los cortes de internet nocturnos, ordenados por la junta, hacen temer que las autoridades los aprovechen para llevar a cabo detenciones masivas de activistas prodemocracia.

Hasta ahora, las medidas tomadas por la junta no han disuadido a los manifestantes. Muchos de ellos son funcionarios, empleados de bancos, personal sanitario o trabajadores de obras públicas que han dejado de trabajar en solidaridad con las protestas.

El martes, prosiguieron las manifestaciones en todo el país, incluso en la capital económica Rangún, donde la movlización fue menor en los días anteriores.

Según el Centro de Justicia de Naipyidó, de asistencia jurídica, ayudaron a conseguir la liberación de unos 20 manifestantes el martes.

"Los militares siempre han ganado utilizando la fuerza y esto no me gusta", aseguró Chan Mya, una manifestante, que afirmó que "seguiremos protestando".

En Mandalay, segunda ciudad del país, una muchedumbre participó en los funerales de Thet Naing Win, un hombre de 37 años abatido el sábado cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes antijunta.

El domingo la junta amenazó con usar la fuerza letal para acabar con la "anarquía", advirtiendo a los manifestantes que corrían el riesgo de morir.

En este contexto de gran tensión, las autoridades de Malasia decidieron el martes expulsar a Birmania unos 1.000 migrantes a pesar de una orden que les pedía paralizar esta decisión.