Alianza Cívica de Nicaragua exige la libertad de un dirigente campesino

Miembros de la policía nacional arrebatan una pancarta a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) durante un plantón para pedir libertad de "presos políticos"
Miembros de la policía nacional arrebatan una pancarta a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) durante un plantón para pedir libertad de "presos políticos" / EFE
Efe
15 de noviembre 2018 - 10:16

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exigió hoy la libertad del dirigente campesino Lener Fonseca, capturado ayer por la Policía de Nicaragua, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y presos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

"Lener es otro preso político de este régimen, exigimos su liberación. No más judicialización y criminalización de la protesta cívica y pacífica", exigió la Alianza en un comunicado.

Fonseca, miembro del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que se opone a la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, es suplente en la mesa de diálogo nacional del líder campesino Medardo Mairena, capturado desde julio pasado.

La Alianza denunció que Fonseca cuenta con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 15 de octubre pasado, por lo que la Alianza considera su arresto como un "secuestrado".

"Condenamos el secuestro de nuestro hermano (...) a Lener lo apresan por ser un líder campesino que defiende los derechos humanos en sus comunidades", agregó la Alianza, de la cual Fonseca es un integrante.

Organizaciones humanitarias afirman que en las cárceles de Nicaragua hay entre 552 y 558 "presos políticos". El Gobierno reconoce 273 reos, que denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

Dichas organizaciones también han reportado entre 325 y 535 muertos en el contexto de las manifestaciones, de los cuales el Gobierno reconoce 199.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega no acepta la responsabilidad y sostiene que enfrentó un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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