Bachelet denuncia que la pandemia redujo aún más las libertades en Nicaragua

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 "ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático" en Nicaragua, donde se ha estigmatizado a los críticos con la respuesta estatal a la pandemia, señaló hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En su informe actualizado de la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada también aseguró que "existe poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos" de COVID-19.

Añadió que "algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico", y que la pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres.

La expresidenta chilena denunció que al menos 16 médicos han sido despedidos en el país centroamericano sin respetarse los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.

La delegación nicaragüense respondió que la pandemia ha obligado a gobiernos y pueblos a asumir enormes sacrificios para frenarla --también económicos--, y que "estos esfuerzos son mayores cuanto más pobre es un país, como en el caso de Nicaragua".

Los representantes de la nación centroamericana defendieron que la inversión en salud de su Gobierno actualmente es cuatro veces superior a la que había en 2006, antes de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional regresara al poder, "una cifra modesta pero que hace posible el acceso a la sanidad de millones de personas".

"Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de reconciliación y unidad nacional", aseguró la representación nicaragüense.

En un contexto más general, la alta comisionada recalcó en su informe que sigue habiendo "persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno (nicaragüense) percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y expresos políticos".

"El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente", indicó.

Añadió que la oficina que dirige ha documentado entre marzo y junio 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, tales como registros domiciliarios sin orden judicial, detenciones arbitrarias y amenazas o acosos contra opositores.

Recordó que siguen sin iniciarse investigaciones o procesos penales contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años en Nicaragua, una impunidad que "erosiona la confianza en las autoridades" e incrementa el riesgo de nuevos abusos.

La parte nicaragüense respondió que los informes presentados ante foros como el Consejo de Derechos Humanos no tienen en cuenta la información ofrecida por su Gobierno.

Añadió que "no parecen tomar en consideración la realidad que vive nuestro pueblo en la búsqueda del bien común y la promoción de los derechos humanos, que no solo son civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales".