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"Nuestro compromiso es con las víctimas (...) más allá de quienes sean los perpetradores", dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al leer un comunicado ante la prensa.
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El GIEI empezó inmediatamente sus labores y tendrá un mandato de seis meses prorrogables, y se ocupará de apoyar "la investigaciones de los hechos de violencia" y recomendar acciones de la reparación a las víctimas y familiares, precisó la nota.
La CIDH, que desde hace una semana realiza labores técnicas de verificación en Nicaragua, ha exigido el cese de la represión, el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y respetar el derecho al debido proceso de los detenidos.
Mientras el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Pablo Abrao, instalaba el GIEI en Managua, antimotines y grupos de parapolicías y paramilitares incursionaban en poblados de Estelí, en el norte del país.
La violencia deja además más de 1,500 heridos y cerca de medio millar han sido detenidos, muchos de forma arbitraria, según la CIDH.
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Además de Incalcaterra, exrepresentante regional de Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el GIEI está integrado por la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal argentino Pablo Parenti.
Macher integró comisiones de la Verdad en Perú, Parenti es investigador de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina, y Paz y Paz participó en sonados casos como el juicio contra el fallecido dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México).
Los manifestantes exigen la salida de Ortega, exguerrillero sandinista que estuvo en el poder por una década tras el triunfo de la revolución, y quien desde 2007 ha sido reelecto presidente por tres períodos consecutivos. Sus críticos y opositores lo acusan de haber creado una dictadura con su esposa Rosario Murillo.