Canciller de Nicaragua advierte que las sanciones impactarán en la población

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, advirtió este miércoles que las sanciones económicas internacionales, hasta ahora dirigidas a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega, tendrán efectos en la población nicaragüense.

"Van a afectar a toda nuestra población, a todo nuestro país, a los diferentes sectores, incluyendo los pequeños, medianos, grandes productores, exportadores, en fin, a los sectores de la economía de este país", dijo Moncada a periodistas.

El canciller nicaragüense no explicó cómo los ciudadanos de su país sufrirán los efectos de las sanciones hacia las personas cercanas al presidente Ortega.

Tanto Estados Unidos como el Parlamento Europeo han amenazado a Ortega con sanciones económicas dirigidas hacia funcionarios que violen los derechos humanos en Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua endureció su discurso contra las sanciones internacionales luego de que Estados Unidos castigó al hijo de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, Laureano Ortega, a fines de abril pasado, tras haber aplicado la misma medida contra otras personas cercanas del presidente.

Entre las personas que han sido sancionadas hasta ahora están la esposa de Ortega, vicepresidenta Rosario Murillo, el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, el consuegro del presidente y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, o el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas.

Las sanciones, que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, incluyen al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el Gobierno venezolano.

Horas antes de la advertencia de Moncada el Gobierno nicaragüense había insistido en el cese de las sanciones, porque "son precisamente quienes estaban en mayor pobreza, las más afectadas por esas medidas injustas".

El tema de las sanciones se da en el marco de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas, una situación de tal gravedad que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a señalar al Gobierno como responsable de delitos "de lesa humanidad".

La crisis, que estalló en abril de 2018, ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales cuentan hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.

Además la oposición reclama a 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, así como cientos de desaparecidos y decenas de miles de personas en el exilio.