Comisión legislativa interrogará a presidente de Costa Rica por caso de datos

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, comparecerá próximamente en una comisión legislativa que investiga el trabajo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), caso que también investiga la Fiscalía General por supuesta violación de datos personales.

La comisión legislativa, integrada por siete diputados, la mayoría de oposición, acordó este martes una lista de 22 personas que deberán comparecer durante las próximas semanas, entre las que figuran el presidente Alvarado y dos ministros: el de la Presidencia, Víctor Morales, y la de Planificación, Pilar Garrido.

Las fechas de las comparecencias se definirán próximamente.

"Es indispensable que investiguemos si la Casa Presidencial, el Ministerio de la Presidencia y la UPAD hicieron solicitudes de información que incluyan datos confidenciales o sensibles y si esas solicitudes fueron aceptadas o no", declaró en la comisión el diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz.

La comisión legislativa interrogará a las 8 personas que la Fiscalía investiga: el presidente Alvarado, el ministro Morales, el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto; los asesores presidenciales de datos Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero; el asesor legal presidencial Luis Salazar Muñoz; y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.

Los diputados también llamarán a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, quien realiza una investigación por su cuenta; al director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, entre otros funcionarios.

El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de febrero en el que el Gobierno creaba esa unidad.

El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, que se centran en su artículo 7.

"Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos" incluida "la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas", reza el señalado artículo.

El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses, y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo "errores" en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.

Alvarado aseguró que nunca hubo acceso a datos sensibles porque ese no era ese el objetivo y porque, además, las leyes lo impiden.

También dijo el mandatario que derogó el decreto para abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos.

La Fiscalía allanó el viernes 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados, en donde decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.

El presidente Alvarado, el ministro de la Presidencia y el viceministro de Planificación, quienes firmaron el decreto, son sospechosos de los delitos de prevaricato (firma de resoluciones ilegales), violación de datos personales y abuso de autoridad.

Los cinco asesores presidenciales investigados son sospechosos de violación de datos personales y abuso de autoridad.