En un pronunciamiento divulgado hoy, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), manifiesta que Guatemala espera el esfuerzo nacional para el combate a la impunidad.

"La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos, debe ser exitosa y las estructuras que alimentaban dicha corrupción deben ser abatidas", sostienen los empresarios.

Agregan que también se deben realizar acciones palpables en la lucha contra el crimen organizado y estructuras paralelas que fomentan impunidad.

El gremio señala que todos los procesos judiciales deben tener una "efectiva conclusión" y que se produzcan "prontas sentencias" basadas en a valoración objetiva de las pruebas.

"Es importante también que se genere un modelo que contribuya a que las acciones ilícitas no se repitan, que se asuman responsabilidades permitiendo que se establezcan sanciones ejemplares pero razonables y se asignen medidas reparadoras", indican en el pronunciamiento.

Los empresarios dijeron que los jueces están obligados a cumplir con su mandato y que la justicia tardía "no es justicia, ya que la demora en los plazos y los retardos injustificados "son punibles y constituyen causas de responsabilidad administrativa y penal".

Sin embargo, aclararon que el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia deben ser siempre salvaguardados durante los procesos judiciales.

Desde 2015 a la fecha, el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha desmantelado más de una decena de organizaciones criminales.

La primera y la que provocó la caída del Gobierno de Pérez Molina fue desarticulada en abril de 2015 y es conocida como "La Línea", dedicada a la defraudación aduanera.

Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, se encuentran en prisión preventiva y procesados por corrupción por ese y al menos otros tres casos.

Esta semana también fue capturado, entre otros, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), sindicado en una trama de corrupción llamada "Transurbano", el sistema de transporte masivo que se instaló durante su Gobierno.