Desalojan a invasores de tierras que aprovecharon la crisis de Nicaragua

Cientos de familias que aprovecharon la crisis de Nicaragua para invadir tierras ajenas fueron desalojados hoy en distintos municipios del país, tras varios meses instalados con viviendas precarias.

Al menos dos asentamientos de los llamados "tomatierras" fueron desalojados con maquinaria pesada por alcaldías de diferentes municipios del Pacífico de Nicaragua, entre ellos Managua, según pudo observarse esta mañana en las zonas afectadas.

Algunos de los desalojados se quejaron porque los líderes de las tomas de tierras les habrían garantizado que las parcelas "estaban aseguradas".

Las autoridades no informaron la cantidad de familias removidas, ni si se trata de un desalojo específico o si devolverán todas las tierras a sus dueños.

Los "tomatierras" habían usurpado al menos 6.090 hectáreas desde el mes de mayo en diversos departamentos (provincias) de Nicaragua desde que inició la crisis, en abril pasado, de las cuales 5.158 se mantenían ocupadas a inicios de septiembre, según datos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

La invasión de tierras había sido asociada a grupos oficialistas, ya que los usurpadores afectaron casi de manera exclusiva tierras de empresarios opositores, algunos se desplazaban en camionetas ocupadas en ataques armados de las fuerzas combinadas del Gobierno, y en las viviendas ondeaban banderas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La práctica ilegal había afectado a 29 nicaragüenses, seis estadounidenses, y un mexicano, de acuerdo con la información. Hace dos semanas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) exigió el cese inmediato de las invasiones.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 481 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron en abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.