Dispersan en Honduras manifestación en apoyo a Berta Cáceres

Una manifestación de pobladores indígenas lencas que llegó hasta la parte frontal de la Casa Presidencial en Tegucigalpa fue dispersada hoy con gas lacrimógeno por los guardias de la sede del Ejecutivo, aunque la protesta continúa en sus alrededores.

"Nosotros hemos venido pacíficamente a exigir justicia para nuestra compañera Berta Cáceres -defensora de derechos humanos y ambientalista asesinada el 3 de marzo- y nos han reprimido con gas y golpes con toletes", dijo a periodistas una mujer manifestante que solamente se identificó como Waleska Vigil.

Añadió que venían "por cuatro puntos" en una "marcha pacífica", que se plantaron a hacer sus "consignas de siempre" y que "de pronto" les "cayó una bomba lacrimógena".

"Veníamos a exigirle al presidente Juan Orlando Hernández que se esclarezca completamente el asesinato de la compañera Berta Cáceres y a pedirle una comisión internacional para que él contrate peritos privados y lo puedan esclarecer", señalo respecto al crimen de Cáceres.

Además, los manifestantes piden al Gobierno que preside Hernández "que se levante (elimine) el proyecto Agua Zarca", que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista asesinada, dijo la manifestante.

La cuarta petición al presidente Hernández es "que saquen todos los proyectos hidroeléctricos que hay en el pueblo lenca", en el occidente hondureño, subrayó.

Los guardias de la Casa Presidencial, que al parecer hacían sus ejercicios de rutina, fueron sorprendidos por los manifestantes, que se apostaron frente a uno de los portones, de donde en pocos minutos fueron dispersados en medio de un enfrentamiento en el que hubo golpeados de ambas partes.

Algunos de los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y en el enfrentamiento uno de los efectivos de la Casa Presidencial fue despojado del bastón que portaba.

Al menos cinco de los manifestantes recibieron golpes, pero se replegaron varios metros con el resto de sus compañeros por los efectos del gas lacrimógeno.

Uno de los coordinadores del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Tomás Gómez, indicó que "vienen más" manifestantes en autobuses.

"Este gobierno es espurio, no le importa que nosotros como población exijamos nuestros derechos. Nosotros como pueblo pagamos los sueldos de estos policías, y sí nos reprimen, son ellos", agregó.

Berta Cáceres, quien además era coordinadora general del COPINH, fue asesinada el 3 de marzo en la ciudad de Intibucá, en el occidente de Honduras, donde vivía.

Su caso, que ha conmocionado a los hondureños y la comunidad internacional, es investigado por las autoridades del país centroamericano, que han detenido a al menos cinco personas como sospechosas de ser los autores intelectuales y materiales del asesinato.

Contra cuatro de las personas detenidas el pasado día 2 un juez ordenó el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento, mientras que el viernes se dictó requerimiento fiscal contra un quinto, quien tenía en su poder el arma con la que fue asesinada Berta Cáceres, según el Ministerio Público.

El juez hondureño que instruye la causa admitió una acusación del Ministerio Público contra los sospechosos por el asesinato de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el ambientalista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.

Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

El quinto requerido, también detenido el 2 de mayo, es Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, pero se le había dejado en libertad en la ciudad caribeña de La Ceiba.

En un plazo de entre 60 a 120 días se celebrará una audiencia preliminar en la que el juez decidirá si los sospechosos serán enjuiciados o no por los delitos que le imputa el Ministerio Público, según el portavoz del organismo acusador, Yuri Mora.