Educadores costarricenses paralizan labores contra proyectos que restringen huelgas

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La bandera de Costa Rica ondea en una plaza / Foto Ilustrativa
Afp
02 de septiembre 2019 - 14:02

Educadores costarricenses iniciaron este lunes una serie de paralizaciones laborales en rechazo a proyectos de ley en discusión en el parlamento que restringen el derecho a huelga.

Integrantes de dos de los principales sindicatos de educadores iniciaron la paralización con concentraciones en sus localidades en diferentes partes del país, y para el martes anunciaron una manifestación en San José.

"Queremos que los diputados entiendan que no es limitando el derecho a la huelga o obstruyendo el derecho a la huelga que se van a solucionar los problemas que este país tiene", declaró a periodistas Roblin Apú, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Esa organización emprendió la paralización de dos días junto a la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), con la intención de efectuar "paros intermitentes" en el futuro contra los proyectos de ley sobre huelgas.

Los sindicalistas rechazan un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa que prohíbe las huelgas por motivos políticos y acorta el plazo para que la justicia decida si una huelga es legal.

Como parte de la iniciativa, algunos legisladores pretenden que se suspenda el pago del salario de los trabajadores públicos mientras están en huelga.

Otro proyecto en discusión incluye a la educación entre los servicios públicos considerados esenciales, en los que es prohibido realizar huelgas.

La ministra de Educación, Guisselle Cruz, lamentó la paralización y reclamó que los educadores han estado 103 días en huelga desde el año pasado.

"La recuperación pedagógica de los contenidos (educativos) ya se vio afectada y seguirá viéndose afectada si los sindicatos insisten" en la huelga, reclamó Cruz en el sitio noticioso CRhoy.com.

Los trabajadores del sector público costarricenses paralizaron labores durante tres meses en 2018 contra una reforma tributaria dirigida a contener el déficit fiscal de 6% del PIB.

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