Empresa debe pagar más de $43 millones a Guatemala por un caso de corrupción

La empresa holandesa APM Terminals debe pagar al Estado de Guatemala 43,2 millones de dólares al Estado de Guatemala en concepto de reparación, debido a que su filial Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) es el eje de una trama de corrupción millonaria.

Alexander Aizenstatd, nombrado interventor de TCQ por un juzgado guatemalteco, dijo hoy en una conferencia de prensa que esa cantidad se deben abonar en concepto de "reparación civil" y que se debe hacer de la siguiente forma: 32,7 millones en un solo pago y 10,5 en proyectos de desarrollo.

APM Terminals es dueña del 85 por ciento de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

APM Terminals es dueña del 85 por ciento de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 por ciento es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), los que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

Este es el eje de una trama de corrupción supuestamente liderada por Pérez Molina y su número dos, quienes exigían el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para la adjudicación del proyecto, de los que 24,5 estaban destinados a los socios locales (entre ellos el expresidente y la ex vicepresidenta), a unos socios argentinos y 500.000 dólares para gastos.

El interventor dijo además que APM, que aún no se ha pronunciado, debe renunciar a "cualquier nacional o internacional" contra el Estado.

Esta hoja de ruta, agregó Aizenstatd, no influye en el proceso judicial que se sigue contra Pérez Molina y Baldetti, y al menos otra decena de personas, y que "los que cometieron delitos, tendrán que pagar por ellos".

"Como interventor y bajo las instrucciones del Juez estoy tomando todas las medidas bajo la ley para defender enérgicamente los activos bajo mi responsabilidad y con ello de los intereses del Estado", zanjó.