Familiares de reos 'políticos' objetan la negociación sin garantías en Nicaragua

Familiares de detenidos en Nicaragua por protestar contra el presidente Daniel Ortega rechazaron este jueves la decisión de la oposición de retomar la negociación para superar la crisis en el país y afirmaron que el Gobierno incumple garantías como liberar a "presos políticos" o respetar los derechos humanos.

La decisión tomada el miércoles por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de regresar a la mesa de negociaciones con el Gobierno "pone en riesgo la vida e integridad de nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos y demás familiares", indicaron estas familias, que integran el llamado Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

Se trata del segundo sector que rechaza un retorno a las negociaciones sin garantías, luego de que anoche mismo lo hizo la Coalición Universitaria, que está conformada por cinco movimientos estudiantiles que se oponen a Ortega.

La Alianza Cívica aceptó retomar a partir de este jueves las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua a cambio de la "excarcelación de un núcleo apreciable" de manifestantes presos, según se comprometió el Ejecutivo.

"Aunque el Gobierno excarcele a 'un núcleo de presos políticos', cada día son detenidos más nicaragüenses por expresar su descontento contra el régimen", reclamó el comité, que recalcó que Ortega no tiene otro interés con los reos que usarlos "como moneda de cambio para obtener concesiones".

También advirtió que el retorno a las negociaciones sin garantías pone en riesgo "los esfuerzos de resistencia cívica que desde las cárceles nuestros familiares están realizando".

Están en riesgo "las acciones nacionales e internacionales que se están gestando en este momento para lograr cambios democráticos", así como "el consenso colectivo sobre la existencia de un ambiente propicio para las garantías previo a la reanudación de la negociación", según el comité.

La Alianza Cívica y el Gobierno acordaron reanudar las negociaciones tras una reunión conjunta con el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag y el enviado especial de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, según informaron las partes.

Las negociaciones habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado, después de ocho sesiones sin que las partes se hubieran puesto de acuerdo en los temas de fondo relacionados con la justicia y la democracia.

El Gobierno ofreció liberar a una cantidad no específica de manifestantes presos mañana viernes 15 de marzo.

Al menos 777 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el comité.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA).