La Fiscalía salvadoreña comienza la extinción de dominio de bienes del expresidente Saca

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador comenzó hoy el proceso de extinción de dominio de los bienes del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), quien enfrenta un "juicio abreviado" por la malversación de 300 millones de dólares de fondos públicos.

El proceso del Ministerio Público comenzó en la casa del exmandatario, en el cantón El Carmen en las faldas del volcán de San Salvador, valorada en más de 8 millones de dólares y que fue comprada con fondos públicos, informó el fiscal general, Douglas Meléndez, quien se hizo presente en el lugar para verificar el operativo.

"Haré todo lo posible para que este inmueble (casa de Saca) sirva de hospital para adultos mayores o para un centro infantil", manifestó a la prensa el fiscal.

Meléndez explicó que el jueves el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio "avaló la incautación de bienes del exmandatario" e indicó que el proceso se realiza simultáneamente en diferentes lugares del país centroamericano, en los que Saca tiene inmuebles y bienes.

Los bienes que la Fiscalía busca que pasen a dominio del Estado, según lo detalló el jefe del Ministerio Público, son 35 inmuebles, 46 vehículos, 36 productos financieros, 86 frecuencias radiales, 16 distintivos o marcas comerciales.

Además de once locales ubicados en los departamentos de San Salvador, San Miguel (este), Sonsonate (oeste), Usulután (sudeste), Ahuachapán (oeste), La Libertad (centro) y La Unión (este).

Meléndez indicó que el "conjunto" de inmuebles incautados "podría" estar valorado entre 30 y 40 millones de dólares.

Saca confesó el jueves, durante un "juicio abreviado", la forma en la que organizó y ejecutó el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal, y de los que más de 50 millones fueron a parar a su patrimonio y al de sus allegados.

El expresidente salvadoreño relató que para respaldar el desvío de los fondos emitió un reglamento que le daba la facultad de catalogar como secreto de Estado la información relacionada con los movimientos de dinero.

La confesión de Saca forma parte de un trato alcanzado con la Fiscalía, con el que se espera evite la pena máxima de hasta 30 años de prisión por una de diez años de cárcel en un "juicio abreviado", beneficio judicial al que se acogieron cinco de sus seis excolaboradores procesados.

Se trata de los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, y del ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en 2015, pero falleció antes de que se instalara.