El Gobierno de Guatemala dice aceptar las manifestaciones pero pide paz y respeto

El Gobierno de Guatemala dijo hoy que respeta el derecho a manifestarse de la población, después de la masiva protesta anunciada para este miércoles, pero pidió que estas actividades se realicen de manera pacífica.

"Hacemos un llamado a que si hay manifestaciones sean de carácter pacífico, que no se combinen con bebidas alcohólicas (...), con respeto al derecho ajeno y a la propiedad privada (...). Siempre y cuando sean genuinas y pacíficas esto está garantizado en nuestra Constitución", aseveró el portavoz de la Presidencia, Heinz Hiemann.

Varias organizaciones sociales han convocado para este miércoles una manifestación masiva y un paro nacional en el que exigirán la renuncia de los 158 diputados del Congreso, quienes intentaron aprobar reformas a favor de la corrupción.

También para pedir la renuncia del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien buscó sacar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

Estos dos hechos han desatado una oleada de protestas pacíficas que provocaron que el Gobierno suspendiera el pasado día 15 los actos conmemorativos por el Día de la Independencia, pues el día anterior un grupo de personas tiró sillas y movió el mobiliario instalado para este evento.

A juicio de Heimman, lo ocurrido ese día fue "lamentable", pues hubo un "cierto indicio de violencia" por parte de los manifestantes que se percibió cuando llegaron al Palacio Nacional de la Cultura, una de las dependencias del Gobierno, y "somataron con patadas a la puerta".

Varias organizaciones convocaron protesta del próximo miércoles, en la que tienen previsto movilizar a unas 100.000 personas para exigir la depuración en los organismo Ejecutivo y Legislativo.

El pasado lunes el Congreso no levantó la inmunidad a Morales para que fuera investigado por un supuesto delito de financiación ilícita electoral, en el que habría incurrido durante la campaña que le llevó al poder, según señaló el Ministerio Público y la Cicig.

Los ciudadanos también exigirán la renuncia de los diputados por haber aprobado de forma sorpresiva dos reformas al Código Penal, una decisión que debieron anular apenas horas después debido al rechazo generalizado de la población y de las instituciones, incluidos los empresarios.

Una de las reformas eximía a los secretarios generales y candidatos de partidos políticos de su responsabilidad por la financiación electoral ilícita, y la otra elevaba de cinco a diez los años las penas susceptibles de conmutación.