El Gobierno y los sindicatos alcanzan un acuerdo preliminar sobre huelga en Costa Rica

El Gobierno y los sindicatos de Costa Rica alcanzaron la madrugada de este sábado un acuerdo preliminar, del que no brindaron detalles, que pretende poner fin a una huelga que hoy llega a su vigésimo día en rechazo a una reforma tributaria.

El acuerdo fue cerrado hoy a las 05.00 hora local (11.00 GMT) y será puesto en consulta de las bases sindicales, razón por la cual las partes no precisaron su contenido.

El sacerdote Erwen Masís, que representa a la Iglesia católica como mediador en el proceso de diálogo, dijo en una conferencia de prensa luego de 15 horas de reunión, que "tras una última jornada intensa y prolongada hemos logrado casi cerrar el encuentro".

"Hemos logrado llegar a un texto preliminar que pasa ahora a consulta de las bases sindicales para que, si es aprobado, el domingo estaríamos suscribiendo el documento para iniciar el lunes una mesa de negociación", explicó Masís.

Si las bases sindicales aprueban el acuerdo la huelga será depuesta mañana domingo y el lunes comenzará una mesa de negociación multisectorial que analizará propuestas fiscales de los gremios que no están incluidas en el proyecto de ley de reforma tributaria que discute el Congreso.

Está previsto que la próxima semana el Plenario del Congreso discuta y vote un paquete de 368 mociones al proyecto de ley para que la reforma sea sometida a la primera de dos votaciones necesarias, durante el mes de octubre.

Durante el proceso de diálogo, que abarcó 8 días de extensas reuniones, el Gobierno solicitó que se depusiera la huelga para establecer la mesa de negociación multisectorial, pero no estaba dispuesto a detener el trámite de la reforma en el Congreso.

Sin embargo, los sindicatos exigían que se retirara la reforma y que en la mesa de negociación se redactara un nuevo proyecto que fuera "justo y solidario".

Una treintena de instituciones públicas solicitaron de manera individual a los tribunales de Trabajo la ilegalidad de la huelga, y hasta el momento hay 10 fallos de ilegalidad y uno de legalidad.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del ingreso total nacional previsto para 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno considera urgente la reforma para generar confianza y credibilidad en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Los sindicatos aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.

Las mayores afectaciones durante la huelga se concentran en el sector educación con un apoyo de alrededor del 70 por ciento, y en el de salud, especialmente las salas de operaciones que registran una afectación del 50 por ciento, según el Gobierno.