Huelga contra la reforma tributaria en Costa Rica entra en su cuarta semana

La huelga sindical contra un proyecto de reforma tributaria en Costa Rica entró hoy en su cuarta semana sin que los gremios y el Gobierno cedan en sus posiciones, mientras el Congreso se apresta a continuar con el trámite de la iniciativa.

Las bases sindicales rechazaron el domingo un acuerdo preliminar que sus representantes habían alcanzado con el Gobierno el pasado viernes, por lo que la huelga se mantiene vigente y este lunes contempla actividades en diversas regiones del país, así como una concentración en los alrededores del Congreso.

El ministro de Educación, Edgar Mora, pidió este lunes a los maestros regresar a las aulas, y prometió que no habrá represalias de ningún tipo contra quienes se unieron al movimiento que inició el pasado 10 de septiembre.

"Es lamentable la situación porque el tiempo no se recupera (...) Es absolutamente falso que hay personas sancionadas o que hay intención de abrir procesos de despido. En todas las escuelas los necesitamos", dijo el ministro al Canal 6 de televisión.

El sector educación es uno de los más afectados, con cerca de un 70 por ciento del personal en huelga y solo el 49 por ciento de los centros educativos abiertos pero con diversos niveles de afectación.

El otro sector con un impacto importante es el de la salud con miles de citas perdidas y alrededor de 2.500 cirugías postergadas.

El acuerdo preliminar entre Gobierno y sindicatos estipulaba establecer una mesa de negociación multisectorial para analizar propuestas fiscales de los gremios, pero sin detener el avance de la reforma tributaria en el Congreso.

Además, el Gobierno se comprometía a no tomar represalias contra los huelguistas y a enviar la reforma fiscal a las consultas previstas en las leyes locales antes de su aprobación, entre estas la revisión del texto en la Sala Constitucional.

Los sindicatos rechazaron el acuerdo y ratificaron su total oposición a la reforma tributaria.

Los diputados se aprestan este lunes a continuar el proceso de revisión de 368 mociones que podrían modificar el proyecto de ley, lo que podría extenderse a lo largo de esta semana.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno considera urgente la reforma también para generar confianza en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Los sindicatos aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.