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Centroamérica criminaliza la lucha por los recursos naturales, según la ONU

líder indígena salvadoreño, Jesús Amadeo Martínez, durante una entrevista con Efe.
El líder indígena salvadoreño, Jesús Amadeo Martínez, durante una entrevista con Efe. / EFE
Efe
17 de marzo 2016 - 09:59

En Centroamérica se criminaliza la defensa que hacen los indígenas de sus territorios frente a los intereses de trasnacionales que quieren aprovechar los recursos naturales, aseguró a Efe el líder indígena salvadoreño y asesor de la ONU, Jesús Amadeo Martínez

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Según Martínez, uno de los representantes del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) y asesor de alto nivel de las Naciones Unidas, en la región hay un problema de "seguridad jurídica" en la tenencia de las tierras de estos pueblos y es lo que las trasnacionales buscan aprovechar.

"Las trasnacionales sobre eso van" porque "ellos quieren incursionar para apoderarse de los recursos naturales y es allí donde se van criminalizando los procesos de las organizaciones", es decir que "te empiezan a vincular con otras acciones ilegales para sacarte de tu territorio", expuso.

Aseguró que en Honduras y Guatemala se desplazaron comunidades indígenas porque sus territorios fueron vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Añadió que el fenómeno también se da en Nicaragua por la construcción del canal interoceánico "donde muchos pueblos indígenas van a quedar desplazados".

"Cuando no se ha podido negociar con las comunidades (la cesión de tierras para la explotación)", porque "para nosotros la riqueza no es que nos hagan carreteras o casas", sino que "se mantengan los recursos naturales", se realizan procedimientos policiales y dicen "que en estos territorios está el narcotráfico", expuso.

Añadió que "a los meses te das cuenta de que, cuando desplazan a los pueblos indígenas, ya las trasnacionales están metidas en el terreno".

Para Martínez, también miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), los recursos naturales que más se busca explotar en Centroamérica son el agua y los metales.

El líder indígena dejó entrever que esta estrategia se aplicó en El Salvador mediante la vinculación de representantes de las comunidades con las pandillas.

Ejemplificó con el caso de un líder local, opositor a un proyecto de explotación de un río, quien fue sacado de su casa en la noche y asesinado, y se adujo que "quizá estaba vinculado con las maras" en el municipio Nahuizalco (oeste).

Martínez aseguró que "cuando alguien se para frente a una trasnacional y le dice 'usted no entra en mi territorio', lo quitan; vemos el caso de Berta (Cáceres en Honduras) que por eso ofreció su vida a esta lucha".

No obstante, señaló que esta "criminalización" no es una política abierta de los gobiernos sino que en ocasiones "puede haber una confabulación" por parte de funcionarios nacionales o locales porque "las trasnacionales compran voluntades".

"Nos decía un tata (anciano líder) que el problema de nosotros es que no le ofrecemos nada a los gobiernos y lo que les ofrecemos, para ellos no significa mayor cosa porque es la protección de la madre tierra", señaló.

Jesús Amadeo Martínez explicó que el inconveniente de la falta de tierras comunales para los pueblos indígenas en El Salvador, tiene la base en el proceso de expropiación dados en el siglo XIX, que a la postre fue uno de los factores que llevaron a la insurrección de 1932 y que acabó con la matanza de miles de indígenas y campesinos.

Señaló que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que el Parlamento ratificó en 2014, se vio obstaculizado en diferentes ocasiones porque los grupos veían peligrar sus intereses por el posible reclamo de tierras, principalmente los ligados a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Los mismos que se opusieron a la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 14 establece que los Estados deberán "reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan".

También "deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia".

"A nivel nacional", las tierras están en manos "de gente pudiente" y "ellos se sienten amenazados, porque "si nacionalmente no responde el sistema de justicia", con la ratificación del Convenio 169 "podemos recurrir a organismos internacionales, ellos tienen clara la película".

Añadió que estos pueblos buscan una salida conciliadora y proponen al Gobierno que se inicie un "proceso en el que, al igual que se le ha entregado tierras a los (soldados) desmovilizados y campesinos", se entreguen y legalicen tierras estatales al colectivo de indígenas.

"El problema en el país y en toda Latinoamérica (para los pueblos indígenas) es la tenencia de la tierra" porque sin tierras no pueden practicar su cosmovisión desde "lo espiritual hasta la forma de cultivar" y "se va perdiendo la identidad", concluyó.

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