Madre de Berta Cáceres pide justicia en Honduras

La madre de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada hace un mes, le recordó hoy exigiendo justicia y pidió que cese la impunidad en Honduras, un país que dijo es "golpeado por la violencia política".

"No quisiera partir de este mundo sin que se logre justicia para mi hija Bertita, quien ha dado la vida por nuestra madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas y negros, las mujeres y los ríos", expresó Berta Flores, madre de la líder indígena, en una carta pública.

Cáceres, líder de la etnia lenca y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que era cofundadora, fue asesinada el pasado 3 de marzo en su casa en la ciudad occidental de La Esperanza.

"Ha pasado ya un mes y pese a la presión nacional e internacional, el Estado no ha sido capaz de dar captura a los responsables materiales e intelectuales de este crimen que nos ha enlutado como familia y como pueblo", subrayó.

Flores, de 83 años y quien también ha sido una defensora de los derechos de los indígenas y la preservación el medioambiente en Honduras, aseguró que el "abominable y cobarde" crimen de su hija le "ha golpeado duramente".

Por ello, solicitó a los diferentes sectores que le sigan "apoyando fuertemente" para lograr "justicia" en el asesinato de su hija y el cese de la impunidad en Honduras que, en su opinión, es un país "tan golpeado por la violencia política de los opresores del pueblo contra las personas que trabajan por construir una sociedad más justa y más humana".

Además agradeció las muestras de solidaridad que le han expresado a su familia y pidió a los defensores de derechos humanos y grupos étnicos que hagan "más grande" el reclamo de justicia, ya que "solo así podremos lograr que este crimen no quede en la impunidad".

La madre de la líder responsabilizó al Estado de Honduras por el crimen de su hija, ya que "no cumplió" su responsabilidad de garantizar las medidas cautelares que Berta Cáceres tenía para asegurar su vida.

Además pidió al Gobierno que permita una investigación internacional independiente para aclarar "este penoso asesinato" y la cancelación de la concesión otorgada a una empresa para la construcción de un proyecto hidroeléctrico, al que se oponía la también dirigente ambientalista.

El Gobierno ha aprobado "concesiones de los bienes naturales, incluido el río Gualcarque que es parte del territorio lenca, sin impulsar "un proceso de consulta previo libre e informado", enfatizó.

La madre de Berta Cáceres también recordó que Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerado el principal tratado internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas.

"La violación de este convenio ha generado tremenda conflictividad en las comunidades que ha llevado a que se presenten hechos sangrientos, con asesinatos de los liderazgos indígenas y de ambientalistas", subrayó.

El Estado de Honduras "criminalizó a mi hija usando la supuesta institucionalidad para montar sendos procesos en su contra, por el hecho de desempeñar una labor de defensora de los bienes comunes naturales y los derechos de los pueblos indígenas y negros de Honduras", enfatizó la madre de la dirigente indígena.

Señaló que Honduras ha asumido "un rol de defensor" de los intereses de empresas, al grado que cuando su hija encabezó en febrero pasado una marcha del Copinh fue "insultada, vilipendiada y amenazada" por personas vinculadas a los intereses de la compañía Desarrollos Energéticos (DESA), de capital hondureño y chino.

La empresa DESA pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, departamento occidental de Intibucá.

La madre de la indígena dijo que es consciente de que "nadie ni nada podrá devolver la vida" a su hija, pero aseguró que no va a "renunciar a enfrentar con decisión, con las fuerzas de mi vida, que aún me quedan, luchar para que el asesinato de Bertita no quede en la impunidad".

Además pidió al Estado hondureño que se "comprometa a no permitir más crímenes contra defensores y defensoras de los derechos humanos" y permita a la familia de la dirigente participar en la investigación.