Marchan en Guatemala para promover reformas estatales ante crisis de corrupción

Miles de maestros, sindicalistas y campesinos guatemaltecos marcharon este jueves en la capital para demandar reformas sociales en el Estado en reacción a la crisis política que vive el país desde abril, tras destaparse escándalos de corrupción en el gobierno.

Nery Barrios, dirigente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), dijo a la AFP que los gremios que participaron en la protesta demandan principalmente la nacionalización de la energía eléctrica y los recursos naturales, una reforma educativa y la promoción del desarrollo rural para reducir la pobreza, que afecta al 51% de los 15 millones de habitantes.

Barrios explicó que la marcha constituye una reacción a los últimos casos de corrupción en el gobierno.

La activista exigió al Congreso incorporar los temas planteados por la UASP a las mesas de discusión entre legisladores y grupos académicos y de la sociedad civil, abiertas recientemente al calor de los casos de corrupción.

"Queremos que nuestra agenda sea discutida igual como están siendo discutidas las otras agendas", agregó de su lado Joviel Acevedo, líder del magisterio nacional.

Durante la marcha también se demandaron cambios para mejorar los controles en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos afectado por un fraude que fue el detonante de la crisis.

El pasado 16 de abril, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que apoya la depuración en el sistema judicial, revelaron la existencia de una red que cobraba sobornos en las aduanas nacionales dirigida por altos funcionarios de gobierno.

El principal sospechoso de la operación es el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el pasado 8 de mayo al verse salpicada en las investigaciones judiciales.

Casi un mes después, fueron arrestados los presidentes del Banco Central de Guatemala, Julio Suárez, y del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al presidente Otto Pérez, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.