Organismo humanitario pide a altos cargos del Gobierno de Ortega que renuncien

Un organismo humanitario nicaragüense instó hoy a los altos funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega renunciar a sus cargos "y no continuar acumulando responsabilidades penales" como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril pasado.

"Le hacemos un llamado a los funcionarios públicos principales del Estado de Nicaragua a que renuncien inmediatamente a sus cargos y no continuar acumulando responsabilidades penales", abogó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) en un comunicado, leído por su secretario ejecutivo, Álvaro Leiva, en redes sociales.

Esa ONG, crítica con el Ejecutivo, advirtió que "el brazo de la justicia de los derechos humanos llegará hasta el último rincón de Nicaragua para una investigación, seguimiento y castigo de los responsables que han cometido delitos de lesa humanidad y genocidio para garantizar la justicia e indemnización a las víctimas de este periodo de terror".

Leiva, que se encuentra exiliado en Costa Rica, destacó la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Rafael Solís, en la que, a su juicio, aceptó "que si hubo una brutal represión de parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares dirigidos por el régimen Ortega-Murillo en contra de la población civil".

También, según la ANPDH, el exmagistrado aceptó en su carta de renuncia "la existencia de una masacre estatal en contra de la población civil nicaragüense, por ejercer su derecho constitucional y humano de protestar cívica y pacíficamente", y que la decisión de reprimir vino de la pareja presidencial Ortega-Murillo.

Solís, padrino de bodas de Ortega y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, sostuvo en una carta de renuncia a su magistratura en la Corte Suprema que "no hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa", a como denuncia el Ejecutivo, "sino un uso irracional de la fuerza" por parte del Estado.

Solís era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial y fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 "inaplicable" el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección en los comicios de 2011 y luego en 2016.

El exjuez acusó a los dignatarios de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive el país desde el 18 de abril pasado, sino más bien con el afán de imponer un "Estado de terror" con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.

También que bajo el Gobierno de Ortega y Murillo "no existe derecho alguno que se respete" y que se está consolidando en el país "una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial reducido a su más mínima expresión".

Además, reprochó que en medio de la crisis estén enjuiciando a una gran cantidad de detenidos "con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron".

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.