Piden desaforar a exprimera dama y aspirante a la Presidencia de Guatemala

La Fiscalía de Guatemala solicitó este miércoles levantar la inmunidad a la candidata a la Presidencia y exprimera dama del país, Sandra Torres, por un delito de financiación electoral para las elecciones generales del 2015.

La petición la formuló el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, ante la Gestión Penal del Organismo Judicial.

Torres, quien aspira por segunda vez a la primera magistratura de Guatemala en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 16 de junio por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), goza de inmunidad desde que el martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le entregó su credencial al quedar inscrita como candidata.

Fuentes cercanas al caso han explicado a Acan-Efe que durante la campañea proselitista de 2015 el partido no reportó al Tribunal Supremo Electoral una cantidad total de 19,5 millones de quetzales (unos 2,53 millones de dólares).

De ellos, unos 453.000 dólares provienen de sobornos del caso destapado en enero de 2018 "Traficante de Influencias", una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones; y el resto son financiación electoral anónima.

Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como "centros de recaudación" y administración de recursos externos al partido por medio de una administración paralela de las "finanzas oficiales" para eludir "el control sobre los fondos aportados".

Las dos empresas de cartón MAARIV, S.A. y PROHABSSA canalizaban el dinero y eran representadas por personas cercanas al empresario Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres y quien está prófugo de la Justicia.

En su contra tiene dos órdenes de captura, una por este caso y otra por la causa "Traficantes de la Salud", donde era uno de los intermediarios que captaba las empresas, una operación a cambio de lo que recibió, al menos, unos 500.000 dólares en comisiones.

Entre las pruebas de las que dispone la Fiscalía, que junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han destapado este caso, hay documentación requisada en más de una veintena de allanamientos, unas 60 declaraciones testimoniales, transacciones bancarias o interceptaciones telefónicas.

Por este caso, las autoridades han solicitado siete antejuicios, entre ellos el de Torres y el de varios diputados, mientras que otras siete personas han sido citadas a la primera declaración y se han girado 12 órdenes de captura, entre ellas la de Leal y dos de sus familiares.

Entre los ya detenidos en los operativos figura el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos, quien está implicado en varias tramas de corrupción y que estaba en libertad bajo fianza, y también Juan Pablo García Castro, Víctor de Jesús Duarte Mendoza y Guillermo Alejandro Sierra.